Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Profesor Titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Ph.D en DDHH; Ps.D., en DDHH y Economía; Miembro de la Mesa de gobernabilidad y paz, SUE.
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Las ultraderechas intimidaron al mundo con discursos de catástrofe y desaparición civilizatoria al inicio del siglo XXI. Vaticinaron la llegada de tiempos oscuros y, sobre esa promesa de miedo, retornaron a la escena del poder global. Colombia ingresó a ese tiempo bajo el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez, quien impuso un modelo de seguridad inmoral, ilegítimo e ilegal que jamás debería repetirse.
El miedo fue empotrado en las entrañas del Estado; la vida se convirtió en mercancía política y los derechos fueron expulsados de la agenda pública. La sociedad quedó mentalmente acorralada: la inteligencia, las artes y las ciencias comenzaron a ser tratadas con sospecha. Se persuadió a millones de personas de que la única salida consistía en entregar libertades, abandonar la autonomía crítica y aceptar la guerra como condición inevitable para ser salvados del horror. Esa doctrina recibió el nombre de “seguridad democrática”: un gigantesco y sostenido engaño político y cultural.
El miedo se convirtió en el principal organizador de la vida pública. La ansiedad colectiva por obtener protección fue utilizada para planear y ejecutar estrategias orientadas a producir temor y obediencia. La seguridad democrática convirtió a numerosos medios de comunicación en aliados, premió a periodistas afines, marginó voces críticas y controló la narrativa oficial mediante una construcción emocional y binaria del país.
De un lado estaban los “patriotas” —hoy reciclados bajo otros símbolos y nombres— y, del otro, los enemigos internos: el pueblo inconforme, los movimientos sociales, los opositores políticos y cualquier forma de pensamiento crítico. Solo podían existir quienes sirvieran a los propósitos de acumulación económica y reproducción del poder. Así ocurrió: unos financiaron la guerra, otros pusieron las víctimas y muchos garantizaron la impunidad.
El país fue conducido a dejar de pensarse en términos de ciudadanía plural y diversa. Se le indujo a dividirse moralmente entre “buenos” y “malos”. La complejidad política desapareció detrás de una simplificación brutal que ocultó las causas estructurales del conflicto colombiano: desigualdad, concentración de la tierra, exclusión social y violencia estatal.
La consecuencia fue devastadora para la cultura democrática. La opinión pública quedó atrapada en una caverna mediática donde la repetición emocional sustituyó el análisis racional. Millones de personas comenzaron a observar únicamente sombras proyectadas sobre una pared: titulares alarmistas, discursos patrióticos de salvación y vulgaridades elevadas a doctrina nacional por charlatanes con micrófono o columna en los grandes aparatos mediáticos.
La seguridad democrática desarrolló una verdadera pedagogía del miedo destinada a normalizar la excepción. Retenes militares, vigilancia masiva, espionaje ilegal, estigmatización pública, asesinatos y masacres fueron presentados como sacrificios inevitables para salvar la nación. Cada sábado se administraban las cifras de la muerte como indicadores de éxito estatal: número de bajas, enemigos abatidos y operaciones ejecutadas.
Mientras tanto, el deterioro de los derechos y el silencio colectivo se imponían como razonables. Las instituciones dejaron de responder plenamente a la Constitución para subordinarse a la voluntad política del uribismo y de su estructura de poder. Paralelamente, la riqueza se reconcentró en clanes políticos, élites económicas y mafias articuladas en alianzas funcionales que aún hoy buscan preservar mecanismos de saqueo, despojo y criminalidad.
La seguridad democrática demostró que el horror podía transformarse no solo en crimen, sino en cultura institucional: matar para producir indicadores, asesinar para cumplir metas y convertir la violencia en lenguaje administrativo del poder.
Los crímenes cometidos durante ese periodo son suficientes para considerar éticamente inadmisible cualquier intento de reivindicar ese modelo. Los hallazgos de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de distintos organismos nacionales e internacionales han revelado patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos que involucraron agentes estatales, sectores políticos, empresarios y estructuras armadas ilegales.
Aunque la impunidad sigue siendo extremadamente alta, la justicia ha permitido identificar y condenar a numerosos funcionarios, militares, políticos y operadores vinculados a estructuras de corrupción, parapolítica, espionaje ilegal y violaciones graves de derechos humanos. Entre ellos aparecen nombres asociados a distintos escándalos nacionales: Mario Uribe, Jorge Noguera, Pilar Hurtado, Diego Palacio, Andrés Felipe Arias, Francisco Ricaurte, Mario Montoya, Mauricio Santoyo y Rito Alejo del Río, entre muchos otros.
El proyecto político de la seguridad democrática también atacó la inteligencia crítica, la creatividad y el conocimiento. Empujó al país hacia la ignorancia deliberada y transformó el lenguaje público en vulgarización y falsedad. Las palabras dejaron de describir la realidad para convertirse en instrumentos de administración emocional. El discurso político se llenó de patriotismo defensivo, heroísmo militar, enemigos absolutos y moralismos simplificadores.
La complejidad desapareció porque el miedo necesita mensajes simples y mentiras cortas repetidas infinitamente. El espectáculo informativo reemplazó la deliberación democrática. Sin embargo, quizá uno de los daños más profundos fue el deterioro cultural y mental basado en el odio y el miedo: la seguridad democrática no solo militarizó territorios, también militarizó imaginarios. El adversario dejó de ser alguien con quien debatir y pasó a ser alguien que debía ser eliminado.
A pesar del conocimiento nacional e internacional sobre las graves violaciones cometidas durante ese periodo —incluyendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra investigados por distintas instancias—, algunos sectores políticos continúan reivindicando ese modelo de seguridad. Lo hacen banalizando los daños, negando responsabilidades históricas y reactivando discursos de odio y venganza política.
Con un lenguaje de aniquilación simbólica, vuelven a hablar de “salvar la patria” mientras promueven fórmulas autoritarias que ya demostraron su capacidad destructiva. Persisten en administrar el miedo para producir obediencia política y simplificación mental en amplios sectores vulnerables de la sociedad.
La democracia colombiana enfrenta entonces un desafío histórico: impedir que el horror vuelva a presentarse como solución legítima. La memoria de las víctimas, la dignidad colectiva y la defensa del pensamiento crítico constituyen hoy el principal muro ético contra el retorno de una doctrina que degradó profundamente la vida democrática del país.
P.D. La memoria, la dignidad y la unidad popular podrán derrotar democráticamente cualquier intento de restaurar modelos autoritarios basados en el miedo y la eliminación del adversario político.
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