Walter Aldana Q
Líder social y política del Cauca
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Para mantener la autonomía y coordinación armónica de los tres poderes (ejecutivo, judicial y legislativo) sus elecciones y periodos no deberían coincidir. Así lo definió nuestra constitución política, para salvaguardar la democracia en nuestro país.
Fue durante la perversa reelección de Uribe, cuando se mandó al traste esta máxima: el nombramiento de magistrados en las altas cortes coincidió -en esos dos periodos- con la más evidente y profunda polarización ideológica y política. Esas instancias judiciales se convirtieron en “una justicia de bolsillo” que tomó partido con sus sentencias, muchas veces referidas, solamente, al aspecto formal de los actos jurídicos.
De la misma manera, con el mismo comportamiento, han impedido el avance del otro proyecto, el del cambio encabezado por Gustavo Petro.
Veamos algunos ejemplos: el pasado 4 de junio el periódico El Colombiano de Medellín informó que “un auto del Consejo de Estado reconoció que el trámite de la consulta popular culminó con decisión del Senado”, y que el Registrador Hernán Penagos “citó al Consejo de Estado para decir que la Registraduría no puede fijar una fecha para la votación de la consulta porque el concepto favorable debe ser emitido por el Senado y eso no se dio”.
Néstor Osuna, exministro de Justicia del actual gobierno afirmó que «La Corte Constitucional tumba varios decretos de conmoción interior porque las firmas de algunos ministros no coinciden con la fecha del decreto (diferencias de un día, decretos para superar una conmoción), pero expide sentencias cuyos magistrados firman semanas o meses después, incluso cuando algunos ya han dejado sus cargos. ¡La paja en el ojo ajeno!». Así mismo hizo referencia a la sospechosa rapidez con la que actúan hoy día las altas cortes para tumbar varios decretos de conmoción interior que servían a las comunidades del Catatumbo.
Permítanme recordar que, desde febrero de este año, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez pidió declarar inexequible la reforma pensional aprobada por el Congreso y sancionada por el Ejecutivo. Ibáñez alegó un supuesto vicio de forma que “afecta la integridad del articulado”. El magistrado argumenta que, durante el cuarto debate del proyecto, la Cámara no debatió la reforma a fondo, sino que aprobó a pupitrazo y sin discusión el texto aprobado por el Senado.
No es solo el Congreso el que está de espaldas al pueblo. También los están, mayoritariamente, las mujeres y hombres de la élite de las altas cortes. La época de oro de la Corte Constitucional del maestro Carlos Gaviria y otros magistrados ya pasó.
Hoy, más que grandes juristas los magistrados se han convertido en importantes relacionistas públicos. No están al servicio de la patria ni salvaguardando la Constitución misma, sino a las órdenes de una ideología y de unos intereses económicos y políticos que pretenden cerrarle el paso al estado social de derecho. Así, borran, de facto, los avances sociales de la Constitución de 1991.
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