Mercenarios colombianos como continuidad de los falsos positivos

El paralelismo entre los falsos positivos y el fenómeno del mercenarismo se encuentra, según esta lectura crítica, en el cinismo criminal que ha caracterizado a sectores de la ultraderecha colombiana.

Mientras las cifras de falsos positivos han pasado de 6.402 a 7.837 víctimas, calificados por el presidente Gustavo Petro como el “peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo”, voceros del uribismo insisten en reducirlos a “excesos aislados” y en presentar la llamada Seguridad Democrática como una política intocable. Del mismo modo en que las madres de Soacha y las familias que buscan a sus desaparecidos en La Escombrera lloran a sus seres queridos, hoy también numerosas familias de mercenarios muertos en Ucrania, Yemen y Sudán lamentan la pérdida de sus hijos, reclutados por empresas de seguridad que continúan operando desde oficinas en Miami o Tel Aviv.

Los mercenarios colombianos serían, en esta perspectiva, otra consecuencia letal de la Seguridad Democrática.

Algunos pudieron iniciar su trayectoria en prácticas degradadas de guerra como soldados o policías en zonas rurales y luego continuar su labor convertidos en piezas de una red global donde participan élites económicas que se lucran con la experiencia militar de quienes alguna vez creyeron servir a la patria. No serían mercenarios únicamente por la precariedad o el desempleo, sino también por una doctrina que los habituó a la lógica de matar y mostrar resultados, sin reglas éticas ni respeto por la vida humana. El compromiso del mercenario consiste en cumplir metas operacionales, del mismo modo en que antes se exigían resultados medidos en bajas. Aunque estas fueran civiles ajenos al conflicto y en condición de indefensión.

Esa lógica de muerte en la que vivió nuestro país, detenida en 2022 por el actual gobierno, se habría desplazado hacia el exterior. Si los falsos positivos ya no ocurren con la misma sistematicidad en los campos de Colombia, ahora los engañados serían quienes parten a matar o morir en las estepas de Ucrania, los desiertos de Yemen o las sabanas de Sudán. Muchos aprendieron bajo las prácticas de la Seguridad Democrática, se formaron con recursos públicos como policías o militares —e incluso, según denuncias, en articulación con estructuras paramilitares— y terminaron convertidos en carne de cañón para guerras ajenas. Son reclutados mediante promesas económicas, del mismo modo en que antes se manipuló a víctimas civiles convertidas en cifras desechables al servicio de intereses políticos.

La dimensión del fenómeno se refleja en distintas estimaciones que ubican a Colombia como uno de los principales exportadores de mercenarios de América Latina. Se habla de miles de exmilitares contratados para que vayan a matar y a morir en conflictos de Ucrania, Rusia, República Democrática del Congo, Libia, Somalia, Afganistán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Este fenómeno revelaría la onda expansiva de una política que convirtió la experiencia militar en un recurso exportable para el lucro de unos pocos.

Entre las principales empresas internacionales de seguridad privada aparecen Academi, Triple Canopy, GardaWorld y G4S, con operaciones en Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos e Israel.

En Colombia, la expansión de la seguridad privada coincidió con el aumento de licencias durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, especialmente en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Diversos analistas han señalado que parte de ese crecimiento heredó estructuras, personal y lógicas provenientes de las Convivir y, como ya se señaló, de los grupos paramilitares.

La empresa International Services Agency (A4SI), representada por Álvaro Andrés Quijano, Claudia Oliveros y Mateo Duque, fue señalada por organismos internacionales por el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán al servicio de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). También recibió sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por contribuir a la desestabilización regional.

Aunque muchos mercenarios afirman haber sido engañados, se puede afirmar que ellos son fieles creyentes de la seguridad democrática y que su situación no equivale al sufrimiento de las víctimas civiles ejecutadas en los falsos positivos.

Hay que reconocer, sin embargo, que ellos también han sido cosificados: convertidos en bienes desechables, exportados para obtener rentabilidad económica y política en favor de la ultraderecha que jamás renunció al negocio de la guerra. Tan rentable como los 7837 asesinatos de civiles que después fueron presentados como combatientes, cometidos bajo los dos gobiernos de Uribe Vélez.

Esos crímenes son una marca indeleble que siempre estará pegado en su piel.

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