Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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Especial para El Quinto
El Gobierno presentó en el Congreso una nueva reforma tributaria con la que espera recaudar 26,3 billones de pesos. En el discurso oficial, se trata de un paso inevitable para sanear las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad fiscal. En la práctica, sin embargo, esta tributaria amenaza con repetir la vieja historia: cargar sobre los hombros de los ciudadanos comunes los costos de un Estado que sigue gastando sin demostrar la misma disciplina para ahorrar, priorizar y administrar con eficiencia.
Lo que el Gobierno vende como un avance en equidad termina dejando dudas más profundas que certezas. Sí, se aumentan impuestos a las entidades financieras, a los juegos de azar, a los servicios digitales extranjeros y hasta se incorporan tributos ambientales. Pero detrás de estas medidas “progresistas” se esconde un golpe duro al bolsillo de la clase media y a los sectores populares, que veremos más costoso el transporte, los combustibles e incluso el acceso a bienes culturales. La tributaria se disfraza de justa, pero sigue siendo inequitativa.
El impacto económico tampoco es menor. Cargar con más impuestos a sectores estratégicos como el financiero, el exportador o el energético puede sonar muy bien en campaña, pero en la realidad se traduce en un freno a la inversión, menos innovación y una pérdida de competitividad frente a otros países. En un mundo donde el capital busca estabilidad y reglas claras, estas señales ahuyentan a quienes podrían generar empleo y desarrollo.
Y como si fuera poco, el contexto no ayuda. Presentar una reforma de este calibre en el último año de gobierno parece más un movimiento desesperado que una apuesta estructural. Da la sensación de que el Ejecutivo está corriendo tras la caja para cuadrar cuentas a corto plazo, sin una visión clara de transformación de largo aliento. ¿Lo urgente se impone sobre lo importante?
La verdad incómoda es que Colombia no tiene un problema de ingresos tan grande como sí lo tiene de gasto desbordado, corrupción enquistada e ineficiencia administrativa. Pedirle a los ciudadanos más impuestos sin garantizar primero que cada peso se maneje con rigor y transparencia es pedir fe ciega en un Estado que demasiadas veces ha fallado, hay que decirlo, en varios o muchos gobiernos del pasado y también del presente. Siempre hemos tenido ganas de ganarnos la Lotería, pero ahora debemos tener en cuenta que esta tarifa por ganancia ocasional también pasaría del 20 al 30%…
El dilema, entonces, no es si la tributaria logra recaudar o no los 26 billones prometidos. El verdadero dilema es si este dinero terminará resolviendo los problemas estructurales del país o simplemente alimentando la burocracia y engordando los mismos gastos que nos trajeron hasta aquí. Si lo segundo ocurre —y todo apunta a que así será— no será una reforma para el progreso, sino otro episodio de frustración en la ya larga novela de desconfianza fiscal que vivimos los colombianos.
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