Uribe Vélez y el País político

Después de un juicio prolongadísimo, de más de 86 meses, la jueza penal 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en un fallo de 1.114 páginas, encontró culpable al hoy reo Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

El proceso empezó por una demanda del expresidente contra el Senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, hijo del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1998, en el marco del exterminio de esa organización política.

De acusador, Uribe pasó a acusado. La Corte Suprema de Justicia encontró elementos suficientes para creer, para incriminar al senador Cepeda, Uribe hubo de sobornar y hacer mentir a sus testigos, la mayoría de ellos bandidos declarados.

Sus abogados jugaron a dilatar el proceso con el fin de lograr la preclusión, «jugadita» tan de moda en nuestro sistema judicial, donde vale más ser un gran alargador sin argumentos o «buen relacionista ante la rama» que un jurista en las lides del litigio.

Le pasó como a Al Capone en el Chicago de los años 30 del pasado siglo: mafioso, asesino, contrabandista, que fue condenado por evasión de impuestos.

Más de seis mil familias de las víctimas de los mal llamados falsos positivos esperan que la justicia establezca la responsabilidad del hoy presidiario en el asesinato de sus hijos y no se quede en la condena, en primera instancia, a 12 años de prisión domiciliaria y pérdida de sus derechos civiles. También esperan que, al resolver la apelación de los abogados del expresidente, el Tribunal Superior de Bogotá no declare la inocencia de Uribe.

En las movilizaciones convocadas por sus amigos el pasado 7 de agosto se pretendió desconocer que Colombia es un estado social de derecho y que, por tanto, se debe reconocer la independencia de poderes y el acatamiento a los fallos de la justicia. Tanto en los comentarios públicos individuales, como en las consignas lanzadas ese día durante la movilización, se insulta a la Juez que condeno a Uribe Vélez y se llama a desconocer el fallo proferido por la administración de la justicia.

Ni en esa manifestación, ni las anteriores protagonizadas por Uribe y sus amigos, hizo presencia el ESMAD. Ninguna autoridad, uniformada o no, acoso a los manifestantes, nadie les disparó a los ojos. Se le dio todas las garantías a la población que salió a protestar.

Marcharon todos los que quisieron, todos los que pudieron, aunque muchos no lo hicieron por encontrarse privados de la libertad en centros de reclusión o en sus domicilios o en el mismísimo Ubérrimo.

👉 También te puede interesar: