Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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Especial para El Quinto
En toda democracia existe una línea que no debería cruzarse jamás: la utilización del poder del Estado para intervenir en la competencia política electoral. Y precisamente por eso, la neutralidad política de los servidores públicos no es un simple formalismo jurídico ni una recomendación ética decorativa. Es una condición esencial para garantizar elecciones limpias y equilibradas.
Esto aplica para todos los funcionarios públicos, desde alcaldes y gobernadores hasta contratistas y directivos de entidades. Pero cobra una importancia muchísimo mayor cuando se trata del Presidente de la República. Porque el Presidente no es un ciudadano cualquiera con un megáfono más grande. Es el jefe de Estado, el símbolo institucional de todos los colombianos, incluso de quienes no votaron por él. Y precisamente por eso, su deber de neutralidad debe ser ejemplarizante.
En Colombia, la participación indebida en política por parte de servidores públicos no solo es ilegítima: es ilegal. La propia Procuraduría General de la Nación recordó recientemente las prohibiciones que tienen los funcionarios para intervenir en campañas electorales, favorecer candidaturas o usar su cargo para influir en el debate político. Entre las prohibiciones textualmente aparecen: “Utilizar el cargo para participar en actividades de los partidos o movimientos políticos y en las controversias políticas; … disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar actividades de tipo político; … Intervenir en controversias de tipo político, a través de cualquier medio”.
De igual manera, el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante el Concepto 075951 de 2023, reiteró que los servidores públicos deben actuar bajo criterios de imparcialidad y evitar conductas que impliquen respaldo o afectación a campañas o candidatos.
Y aunque estas reglas aplican para todos, hay una razón por la cual el comportamiento presidencial merece especial atención: El Presidente tiene una capacidad de exposición infinitamente superior a la de cualquier ciudadano.
Cada declaración suya tiene amplificación nacional inmediata. Cada mensaje en redes mueve agendas mediáticas. Cada intervención pública tiene capacidad de alterar el clima político. Por eso, cuando un mandatario señala, estigmatiza o insinúa respaldos electorales, no está participando en igualdad de condiciones. Está inclinando la cancha desde el poder.
La coyuntura reciente lo demuestra. El llamado de atención realizado por Gregorio Eljach al presidente Gustavo Petro, exhortándolo a “contribuir a crear un clima de tranquilidad” para las elecciones, no es un asunto menor ni una simple diferencia política. Es un recordatorio institucional de algo fundamental: la Presidencia no puede convertirse en plataforma de confrontación electoral permanente.
Y aquí conviene hacer una precisión importante: exigir neutralidad no significa exigir silencio absoluto. El Presidente tiene derecho a tener opiniones políticas. Tiene derecho al sufragio, como cualquier ciudadano. Tiene derecho incluso a defender públicamente su legado de gobierno. Lo que no puede hacer es utilizar la investidura presidencial para favorecer explícita o implícitamente a determinados candidatos o para deslegitimar a quienes no son de su afinidad ideológica.
Porque cuando el Presidente estigmatiza opositores, lanza insinuaciones electorales o hace guiños a un candidato cercano políticamente, no habla únicamente una persona. Habla el poder.Y el poder presidencial tiene una capacidad de influencia que ningún otro actor político tiene en una nación.
Además, hay un daño adicional que muchas veces se subestima: la erosión de la confianza institucional. Cuando los ciudadanos perciben que el aparato estatal entra en campaña, la legitimidad del proceso electoral comienza a deteriorarse. La sensación de arbitraje neutral desaparece y se instala la sospecha de que el Gobierno juega partido. Y qué paradoja cuando ha sido el Presidente el que ha entrado a deslegitimar y a meter sospechas sobre las instituciones que han garantizado por décadas la transparencia electoral que a él mismo le han servido para resultar elegido en varios procesos en las urnas.
Eso termina debilitando la democracia incluso entre quienes apoyan al mandatario de turno.
El problema, además, no es exclusivo de este gobierno. Ha ocurrido antes y probablemente volverá a ocurrir si el país no establece límites culturales mucho más claros frente a este comportamiento. Gobiernos de distintos colores políticos han caído en la tentación de usar la visibilidad institucional para favorecer herederos políticos, atacar adversarios o interferir en el clima electoral. Lo he dicho antes, lo digo ahora y lo diré en el futuro, esté quien esté con la banda presidencial en su pecho.
Por eso este llamado no debe interpretarse únicamente como una crítica coyuntural al presidente Petro. Debe entenderse como una advertencia de largo plazo para cualquier futuro mandatario.
La democracia necesita árbitros institucionales, no presidentes convertidos en jefes de debate o estrategas electorales. Al final, el poder más importante que tiene un Presidente no es su capacidad de influir políticamente, sino su capacidad de proteger la legitimidad de las instituciones. Y eso implica entender que gobernar también exige saber contenerse.
Los ciudadanos no le pedimos al Presidente que renuncie a sus ideas políticas. Le pedimos algo mucho más importante: que respete el equilibrio democrático. Que no utilice su posición privilegiada para señalar candidatos, sembrar sospechas sobre quienes piensan distinto o enviar guiños en favor de su opción política preferida.
Ese límite protege a todos. A los oficialistas, a la oposición y, sobre todo, a la democracia misma.
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