
Luis H. Hernández
El autor es licenciado y doctorado en ciencias sociales
magister en en Desarrollo rural y especialista en en Desarrollo regional y urbano, y en relaciones internacionales.
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Vale la pena resaltar los signos y símbolos políticos que supone la muerte del señor Germán Vargas Lleras por lo que ellos pesan en la vida política de nuestro pueblo. Su deceso se da en pleno periodo electoral, en el que pudo ser el candidato de la élite dominante de marras en el país y que, muy seguramente, tendría el ambiente electoral en otro tono. Es innegable que la candidata y el candidato del uribismo, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, no tendrían con qué hacerle competencia y, es muy posible que a él se habría plegado el Centro Democrático.
Todo parece indicar que el fallecido representa el último de los delfines presidenciables de esa aristocracia blanca, centralista andina, masculina, selectiva y clientelista[i], esos que caracterizaron las creencias y valores de sus principios dominantesde dominación. Por qué no decir, también, que fue la versión del partido liberal de Álvaro Gómez, el delfín del partido conservador, igualmente condenado a no poder ser presidente.
Un Vargas Lleras frustrado y en convalecencia terminó observando cómo, desde su orilla derecha, lo desplazaban presidentes advenedizos como Álvaro Uribe e Iván Duque y, en la contienda electoral en vigencia, se lanzaban a lo mismo Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Juan D. Oviedo y Claudia López; cómo, en el lugar opuesto, el progresista, tuvo que ver erigido de presidente a Gustavo Petro y de candidato a Iván Cepeda. Además, a Luis Gilberto Murillo y a Roy Barreras, entre otros diversos representantes ajenos a los principios de dominación de su élite.
En ese orden y sentido, Paloma Valencia oficia como su reemplazo -y, por qué no considerarla, la primera y última del delfinado de esa élite-; pero, no, precisamente, de su mano, sino de la de Álvaro Uribe quien, asumiendo o arrebatándole sus banderas, ha oficiado como su adalid: al tiempo que contradictor, es su defensor. Es muy probable que, por esto, los miembros de esa casta estén diciendo: “¡tan bajo, no habíamos caído!” Para la historia, su historia, una clausura merecida, pues, su tramado destino no podía desenlazarse de otra manera.
Ese destino se corresponde con su singularidad: “un tipo de orden político y económico que logra mantenerse en el tiempo sin resolver de fondo las desigualdades, las exclusiones y la violencia”(Pearce y Velasco. p. 18), característico, hasta entonces, del sistema político colombiano. Singularidad diseñada por esa minoría que reprodujo, por más de dos siglos, su poder sobre la mayoría[ii].
Esa singularidad alude, en términos históricos, a los múltiples hilos que se tejieron como constelación de élites: la oligárquica, la tecnocrática, la gremial, la política y la judicial, que, en ocasiones, desgarraban con violencia, pero que, al ser capaz de remendar esos desgarros, recomponía su tejido institucional al amparo de formas, en apariencia, democráticas; sustentadas en prácticas altamente transaccionales y clientelistas que alimentaban, tanto, la corrupción, como el enriquecimiento individual y la violencia.
Tales costumbres, características de un ejercicio de poder y de un orden institucional relativamente estable, sustentado en los cinco principios dominantes construidos por su constelación, a la vez que objeto de disputa a su interior. Eso les permitió ofrecer una forma de orden, pero, un orden que impedía construir uno pacifico, equitativo e incluyente.
Esos principios han sido:
– La primacía social y cultural del hombre blanco nacido en la región andina y educado en un número reducido de instituciones privadas y extrajeras, sobre todo, inglesas y estadounidenses.
– El apego formalista a las reglas de juego de la democracia liberal.
– La primacía de la política transaccional y de la intermediación clientelista.
– La dependencia instrumental de la constelación de élites en relación con Estados Unidos.
– La subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, a cambio del manejo privilegiado de la seguridad y el orden público.
Esos principios operarían como un anclaje en contextos de fragmentación interna y de volatilidad global, ofreciendo estabilidad, allí donde no hay hegemonía nacional (Pearce y Velasco, 2026).
Son, en especial, estos principios dominantes y sus respectivas creencias y valores los que se encuentran en el núcleo del proceso de transición y de cambio que viene acusando el régimen político colombiano. Principios que, en este siglo XXI, se han constituido en el epicentro -tanto para su defensa y mantenimiento, como para su crítica teórica y práctica- de los procesos electorales, encarnados en los candidatos a los puestos ejecutivos y legislativos nacionales, departamentales y locales; indudablemente, presente en el actual por la presidencia
Innegable es que el fin del Frente Nacional, la promulgación de la Carta Política en 1991, la firma del último acuerdo de paz, en 2016, y la elección de Gustavo Petro como presidente en 2022 son indicadores del camino de disolución de esa Singularidad. Su clausura definitiva será, aún, culebrera y dependerá de la capacidad de las diversas coaliciones del Pacto Histórico, habidas y por haber, para diseñar una Nueva Singularidad basada en creencias, valores, expectativas y estrategias que, alrededor de la defensa de la vida y del bienestar de sus convivios se correspondan con los principios de un nuevo ejercicio humano, es decir, ético, del poder.
[i] Pearce Jenny y Velasco Juan D. 2026. ¿Quién manda en Colombia? Bogotá. Mediapluma.
[ii] “…el poder político y el estatus social se concentra en 932 personas y 119 familias, es decir, el 0,002% de la población” (ibid. Pàg. 362)


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