¿Presidente o vasallo? La Casa de Nariño no es una embajada.

La posibilidad de una transición presidencial marcada por cuestionamientos institucionales dejó de ser un escenario hipotético para convertirse en el centro del debate político nacional. El reciente llamado del senador Iván Cepeda a una eventual “desobediencia civil pacífica”, condicionado a las dudas que rodean la posesión presidencial y a diversos asuntos relacionados con la soberanía, desató una intensa controversia. En cuestión de horas, la discusión dejó de concentrarse en el contenido de esas inquietudes para desplazarse hacia la legitimidad misma de invocar una figura como la desobediencia civil.

Pero la pregunta de fondo es otra: ¿el país está debatiendo los hechos o simplemente reaccionando ante la identidad de quien los plantea?

Esa parece ser la verdadera disyuntiva. El debate no se agota en quien pronuncia el mensaje, ni en la figura de Iván Cepeda, ni en el sentir de los casi 13 millones de colombianos que respaldan una visión de país distinta. En el trasfondo emergen interrogantes que distintos sectores políticos, analistas y comentaristas han incorporado a la conversación pública. Entre ellos aparecen las implicaciones institucionales que algunos atribuyen a la doble nacionalidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, así como cuestionamientos sobre probables vínculos con organismos de inteligencia extranjeros. A esto se suma el frágil mandato de un país dividido por la mitad, donde el manejo opaco del software de escrutinio por parte de cuestionados contratistas privados mantiene viva la sombra de la ilegitimidad sobre los resultados electorales.

Hasta ahora, estos asuntos permanecen en el terreno de la controversia política. Su eventual sustento corresponde establecerlo a las instituciones competentes mediante procedimientos verificables. Compartir esas inquietudes o rechazarlas es una posición política; examinarlas con rigor y defender la soberanía es una exigencia democrática irrenunciable.

El mito del caos.

Buena parte de la controversia nace de una confusión conceptual deliberada. Sectores políticos del establecimiento, comentaristas e incluso algunos medios presentan con frecuencia la desobediencia civil como sinónimo de anarquía o de ruptura del orden constitucional. Esa equivalencia reduce una tradición política y filosófica compleja a una lectura simplista del conflicto.

Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. recurrieron a la desobediencia civil como una forma de resistencia pública, consciente y estrictamente no violenta frente a decisiones que consideraban incompatibles con principios superiores de justicia. Ninguno buscó sustituir el Estado de derecho; por el contrario, procuraron interpelarlo y hasta fortalecerlo cuando entendían que las instituciones se alejaban de los valores que debían proteger.

Tener en cuenta esos antecedentes obliga a replantear la discusión: ¿puede una figura jurídica y política con semejante trayectoria histórica reducirse, sin más, a una expresión de desorden o de ruptura institucional?

Entre el derecho y la moral.

En Colombia, esta discusión encuentra un punto de referencia ineludible en la Constitución Política de 1991, particularmente en su artículo 95. Allí no solo se consagra el deber de cumplir la Constitución y las leyes; también se reconoce que la ciudadanía participa activamente en la vida política, cívica y comunitaria, y tiene la responsabilidad de defender los derechos humanos como fundamento de la convivencia.

Leída de manera integral, esta disposición no concibe a los ciudadanos como receptores pasivos de las decisiones estatales. Les asigna un papel activo en la preservación del orden constitucional y en el fortalecimiento de la democracia.

Si la propia Constitución reconoce una ciudadanía activa como primera línea de defensa, ¿puede calificarse automáticamente toda expresión de resistencia pacífica como una amenaza al orden democrático? Ante este panorama, la verdadera pregunta que debe hacerse el país es: ¿Cabría argumentar que Abelardo sí está quebrando el orden constitucional al negarse a disipar las sombras sobre su lealtad nacional?

Responder exige algo más que consignas. Obliga a distinguir entre protesta no violenta frente a un poder bajo sospecha, oposición política legítima y conductas que efectivamente buscan quebrantar el orden constitucional. Confundir esas categorías no esclarece el debate; lo degrada.

El peso de las palabras.

La historia colombiana demuestra que el lenguaje nunca ha sido neutral. A lo largo de distintas etapas del conflicto político y social, expresiones de oposición pacífica fueron calificadas —en no pocas ocasiones— como subversión, sedición o golpismo, incluso cuando no existían llamados a la violencia.

Las palabras no solo describen la realidad; también moldean la manera en que una sociedad comprende sus conflictos.

¿Qué ocurre cuando una democracia deja de diferenciar entre el disenso pacífico y la violencia? La respuesta está en la propia historia nacional. Cuando toda forma de resistencia institucional es presentada por el establecimiento como una amenaza al orden democrático, se estrechan los espacios de deliberación y se profundiza la polarización.

Colombia conoce bien las consecuencias de ese fenómeno. La criminalización indiscriminada del disenso rara vez fortalece la estabilidad institucional; con frecuencia, agrava las fracturas que pretende contener.

Por eso resulta indispensable distinguir entre una convocatoria a la resistencia civil pacífica y una incitación a la violencia. Esa diferencia no es un matiz semántico: es una condición esencial para preservar la legitimidad del debate democrático y frenar el autoritarismo.

Lo que realmente está en juego.

Más allá del impacto mediático, la discusión remite a preguntas estructurales que trascienden esta coyuntura. Distintos sectores han planteado inquietudes sobre las implicaciones jurídicas y políticas que podría tener el ejercicio de la Presidencia por parte de una persona con doble nacionalidad, particularmente en un contexto donde la soberanía y las relaciones internacionales ocupan un lugar central en el debate público.

A ello se suman cuestionamientos difundidos en escenarios políticos y mediáticos sobre eventuales vínculos con organismos internacionales. Mientras esas afirmaciones no sean confirmadas o descartadas mediante actuaciones institucionales y evidencia verificable, permanecen en el terreno de la controversia pública y no pueden asumirse como hechos probados.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cómo debe responder una democracia frente a controversias de esta naturaleza y a posibles escenarios de sumisión o vasallaje?

Ese es el verdadero núcleo del problema. Una democracia madura no fortalece su legitimidad descalificando de antemano las preguntas incómodas, pero tampoco aceptándolas como verdaderas sin pruebas suficientes. Su fortaleza radica en la capacidad de investigar, contrastar y responder dentro del marco constitucional, garantizando el debido proceso, la transparencia y el respeto por las garantías de todas las partes.

Al final, la discusión supera los nombres propios y las coyunturas electorales. Ninguna democracia soberana puede sostenerse únicamente sobre la confianza ciega ni sobre la sospecha permanente de lealtades foráneas.

La pregunta decisiva ya no es quién tiene razón en medio de la polarización política, sino qué tipo de democracia quiere construir Colombia.

¿Una donde las controversias se resuelvan mediante etiquetas, descalificaciones y certezas anticipadas para proteger al poder de turno?

¿O una donde las afirmaciones relevantes se sometan al escrutinio institucional, al contraste de las pruebas y al debido proceso?

La legitimidad del Estado no depende de la ausencia de preguntas. Depende, precisamente, de su capacidad para responderlas con transparencia, evidencia y respeto por las reglas democráticas.

Solo cuando la verificación pesa más que las consignas, y las instituciones prevalecen sobre la polarización, tomar partido a través de la resistencia pacífica se revela no como una amenaza, sino como la forma más pura de fortalecer la confianza ciudadana en el Estado social de derecho.

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