Manejar no debería ser un derecho automático

Hay algo profundamente equivocado en la manera como hemos entendido el derecho a conducir en Colombia. Parecería que obtener una licencia fuera apenas otro trámite administrativo y no la certificación de que una persona está realmente preparada para asumir una responsabilidad que puede determinar, literalmente, la vida o la muerte propia y de otros.

Basta recorrer nuestras calles para comprobarlo. Miles de conductores de carros y motocicletas parecen salir cada día a una batalla en la que gobierna la anarquía: los semáforos son interpretados como luces decorativas, conducir en contravía parece una licencia poética, adelantar en curva se convierte en una prueba de audacia y cada infracción termina exhibiéndose casi como una medalla. Porque ahora, además, ufanarse de la infracción se fanfarronea en redes sociales… El problema no es únicamente la falta de cultura ciudadana; también es la facilidad con la que estamos permitiendo que personas insuficientemente preparadas obtengan un permiso para conducir.

Por eso me preocupa que, mientras deberíamos estar discutiendo cómo elevar los estándares, terminemos flexibilizando requisitos. El Ministerio de Transporte decidió aplazar temporalmente, por tres meses, la exigencia del certificado que acreditaría la aprobación de un examen teórico independiente realizado por los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, CALE. La decisión obedece, según el Ministerio, a la necesidad de revisar la cobertura y capacidad de estos centros: actualmente hay 32 registrados, pero algunos departamentos tienen apenas uno y Guainía, Vaupés y Vichada no cuentan con una sede física reportada.

Entiendo perfectamente el argumento. No tendría sentido crear una exigencia que, en la práctica, impida a un ciudadano de una región apartada acceder a una licencia. Tampoco podemos convertir la seguridad vial en otra fábrica de tramitomanía. Pero una dificultad logística no debería terminar convirtiéndose en una razón para bajar la exigencia y, menos, que esto se distienda en el tiempo de manera indefinida. Si faltan centros, hay que crear más; si faltan evaluadores, hay que formarlos; si el costo aumenta, hay que buscar mecanismos para que el sistema sea accesible. Lo que no podemos hacer es asumir que saber mover un vehículo equivale a estar preparado para conducirlo.

Y sigo sin entender cómo es que en los noticieros salen notas con los rankings de los conductores con más infracciones en el país, algunos de ellos con más de 20, y siguen campantes por las vías sin ninguna preocupación.

La discusión cobra mayor gravedad cuando recordamos que en 2025 murieron 8.697 personas en accidentes de tránsito en Colombia, 426 más que en 2024, un incremento del 5,15 %. Detrás de cada número hay una familia que perdió a alguien. Y pudimos ser nosotros.

Y mientras exigimos más preparación, hemos hecho cada vez más fácil acceder a una motocicleta. Comprar una puede parecer tan sencillo como adquirir cualquier otro bien financiado. Así crece el parque automotor, mientras no necesariamente crecen al mismo ritmo la formación, la disciplina, la infraestructura ni el respeto por las normas.

Una licencia debería significar algo más que haber completado unas clases y pagado unos documentos. Tener la licencia debería representar conocimiento de las reglas, dominio técnico, capacidad para reaccionar ante situaciones de riesgo y, sobre todo, conciencia de que la vía pública no es propiedad de quien conduce.

Necesitamos menos conductores convencidos de que llegar primero es una victoria y más ciudadanos conscientes de que conducir es convivir. La carretera no es una pista de carreras ni la calle, una jungla donde sobrevive el más atrevido.

Si queremos reducir la tragedia vial, quizá debamos empezar por una pregunta incómoda: ¿estamos entregando licencias para conducir o simplemente permisos para intentarlo?

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