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El miedo no solo viene de lo que pasa, sino de lo que podría pasar, cuando el Estado no logra dar señales claras de autoridad.

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Esto no es urbanismo: es una disputa ética. Una elección entre muros o puentes.

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Se ha invertido la lógica: a quienes la Constitución y la Ley reconocen el derecho a gozar de la protección Estatal, hoy se les demanda que protejan a los funcionarios del Estado.