José Plata
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A las dos de la madrugada del 29 de septiembre, el ruido de helicópteros interrumpió la tranquilidad de varias viviendas de La Gloria y Pelaya, en el Cesar. Minutos después, seis personas habían sido detenidas en un operativo que las autoridades presentaron como una acción contra estructuras armadas. Pero en las calles y veredas de la zona comenzó a circular otra versión: lo ocurrido fue un montaje judicial, un falso positivo.
La operación se desarrolló en diferentes puntos de La Gloria y Pelaya. De acuerdo con las organizaciones campesinas que documentaron lo ocurrido, las autoridades pretendían hacer efectivas 15 órdenes de captura y terminaron deteniendo a seis personas: Johan Guillermo García Ballesteros, Cristian Flores, Juan David Lerecí, Wilder Ramírez Lerecí, Luifer Ardila y Johan Yanes Pacheco.
La versión oficial de la operación vinculó a los detenidos con estructuras armadas ilegales. Sin embargo, familiares y organizaciones sociales cuestionan esa versión y sostienen que los capturados son campesinos o personas vinculadas a procesos comunitarios de la región. Les voy a contar dos casos emblemáticos.
El caso y la casa de Johan
En el caso de Johan Yanes Pacheco, los testimonios de sus familiares describen una madrugada especialmente traumática. Su hermana, Eliana, ha relatado que los uniformados llegaron a la vivienda aproximadamente a las dos de la mañana y derribaron la puerta. Dentro de la casa estaba el hijo de Johan, un bebé de seis meses.
Según el testimonio familiar, durante el procedimiento los teléfonos de los integrantes de la familia fueron retirados y el menor permaneció bajo custodia de uno de los uniformados en una habitación.
La esposa de Johan fue obligada a salir del cuarto y un uniformado le apuntó con un arma directamente a la cabeza mientras la obligaban a firmar un documento en blanco. Johan fue detenido, sacado de su casa sin mostrarle ninguna orden judicial. No le dijeron por qué lo detenían ni para dónde lo llevaban.
Peor aún: durante el allanamiento, ni el detenido ni alguna persona de su familia fue informada de que se hubiera encontrado armamento en la habitación donde él dormía con su esposa y su hijo. Sin embargo, posteriormente, durante el desarrollo de las audiencias, se presentó una granada como parte de las pruebas del proceso. Johan está siendo procesado por porte, tráfico y fabricación de armas de uso privativo.
Su familia niega que la granada fuera de él y sostiene que el artefacto no se encontraba dentro de la vivienda antes del operativo. Por eso, solicitaron que se investigue, de manera independiente, su origen y se reconstruya completamente la cadena de custodia.
La solicitud es concreta: Establecer dónde fue encontrada la granada, quién la registró, cuándo fue incorporada al proceso y quién tuvo contacto con ella.
En realidad, el caso contra Johan no comenzó aquella madrugada. Durante meses, habitantes de diferentes zonas del Catatumbo y del centro y sur del Cesar fueron señalados por Anonymous Colombia como colaboradores de la guerrilla.
Esa página, a través de redes sociales y plataformas, difundió fotografías, nombres y ubicaciones -obtenidas en Google Maps- de personas a las que relacionó con estructuras armadas ilegales. Uno de ellos fue Johan, aunque todos en el pueblo saben que él no tiene articulación alguna con ese tipo de grupos.
Parece existir una relación de causa a efecto entre esos señalamientos digitales y las investigaciones que posteriormente terminaron en capturas. Mejor dicho, todo eso indica que se trata de un montaje para mostrar capacidad operativa y atemorizar a la población.
El caso de los hermanos Quintero
Otro episodio igualmente ilegal y absurdo ocurrió durante la misma operación. Las patrullas militares que hicieron presencia en el pueblo dijeron que estaban buscando a Enrique Quintero, reconocido participante de procesos campesinos y miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
Pero como Enrique no estaba en su vivienda decidieron detener a su hermano gemelo, Eduardo Quintero, un militar retirado. Aunque la similitud física entre ambos pudo generar confusión, una vez aclarada la identidad del detenido ¿Por qué no se le puso en libertad inmediatamente? ¿Hay un delito llamado “parecido físico”? ¿La captura de Eduardo engrosará la estadística de resultados de la lucha contra el crimen?
¿De dónde salió la presión por capturar?
Durante el Consejo de Seguridad realizado en Valledupar el 27 de agosto de 2026 se estableció una meta de 62 capturas en el departamento del Cesar en un plazo de 14 días. Se anunció que el Presidente regresaría al Cesar el 1 de octubre para evaluar resultados.
Como en los días en los que los militares accedieron a asesinar civiles y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate para obtener una prueba estadística de que se estaba ganando la guerra, también esta vez se incrementó la presión sobre soldados y policías.
Como en esos días, la pantomima judicial exige utilería. Para judicializar a los detenidos, en sus casas campesinas apareció munición no convencional con pintura sospechosamente fresca y banderas subversivas tan inmaculadas que parecían recién salidas de una sastrería. El montaje fue tan burdo que, en pleno desarrollo de los procedimientos, uno de los ciudadanos capturados alzó su voz para exigir que se le practicaran pruebas dactilares a los elementos que acababan de plantar en su propia casa.
Hoy la presión por cumplir la exigencia estadística está fabricando capturas espurias, ¿cuánto falta para que esa misma exigencia empiece a presentar el asesinato de campesinos inermes como bajas en combate?
En el nororiente del país la horrible noche no empezó el mes pasado. Pero ahora está más noche y más horrible. En medio de ella, nuestra gente sigue vivita, gozando y exigiendo sus derechos.
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