Cuando el Estado también saquea

Especial para El Quinto

Los terremotos tienen una particularidad cruel: no distinguen entre ideologías, clases sociales ni nacionalidades. Derrumban por igual la casa del rico y la del pobre, obligan a los gobiernos a reaccionar con rapidez y ponen a prueba el carácter de una sociedad.

Pero hay tragedias que no las produce la naturaleza. Son consecuencia de la degradación de las instituciones y de la pérdida del sentido mismo del servicio público. Lo que hoy ocurre en Venezuela parece demostrar que, después del devastador terremoto, muchos ciudadanos han tenido que soportar un sismo todavía más doloroso: el de la negligencia y la corrupción.

Las cifras son estremecedoras. El doble movimiento telúrico dejó, según los reportes oficiales conocidos hasta ahora, al menos 1.719 personas fallecidas, más de 5.000 heridas y 855 edificaciones afectadas, mientras miles de familias permanecen sin hogar y continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

Sin embargo, mientras la prioridad debería ser salvar vidas y proteger el patrimonio de quienes lo perdieron casi todo, comenzaron a multiplicarse las denuncias de saqueos en comercios y viviendas de La Guaira, la zona más golpeada por la tragedia.

Lo más indignante no es únicamente que algunos ciudadanos hayan decidido aprovecharse del caos. En toda catástrofe aparecen quienes confunden la desesperación con el oportunismo. Lo verdaderamente devastador es que varios videos difundidos por los propios habitantes muestran a presuntos miembros de la fuerza pública retirando electrodomésticos y otros bienes de viviendas acordonadas por las autoridades, justamente aquellas que debían ser protegidas para evitar los robos. Si esas denuncias se confirman, el mensaje sería devastador: el Estado dejó de ser refugio para convertirse en amenaza.

Esa imagen contrasta con las declaraciones oficiales de la presidente Delcy Rodríguez, que junto a otros pusilánimes funcionarios en una cómoda y escondida sala climatizada con aire acondicionado, insisten en transmitir tranquilidad y control, y cuya principal preocupación parece ser sostener el relato gubernamental. Ningún país espera que sus gobernantes puedan evitar un terremoto. Lo que sí espera es que, una vez ocurre, garanticen orden, seguridad y confianza. Cuando las víctimas terminan sintiendo más temor de quienes deberían protegerlas que de los propios saqueadores, la tragedia deja de ser exclusivamente natural para convertirse en una profunda crisis institucional.

Paradójicamente, buena parte de la solidaridad ha llegado de cientos de ciudadanos que, armados solamente con palas, quieren llegar a la zona del desastre a ayudar, y desde otros países, de organismos internacionales y de miles de ciudadanos anónimos que han organizado ayudas humanitarias, centros de acopio y brigadas de rescate. Esa respuesta recuerda que la compasión suele florecer con mayor rapidez en la sociedad que en los gobiernos autoritarios, donde el control político muchas veces termina desplazando la atención de las necesidades humanas.

Las instituciones existen precisamente para los momentos difíciles. Su razón de ser no es administrar la normalidad, sino proteger a los ciudadanos cuando todo parece derrumbarse.

Por eso resulta tan doloroso comprobar que, en la Venezuela de hoy, muchos sobrevivientes no solo deben reconstruir sus hogares, sino también recuperar la confianza en un Estado que, según las denuncias, habría preferido servirse de las víctimas antes que servirlas. Porque hay terremotos que destruyen edificios y otros que destruyen la confianza. Y estos últimos suelen tardar mucho más en reconstruirse.

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