Después de las urnas, el país

Las elecciones terminaron. Ahora empieza lo verdaderamente difícil porque la democracia no se agota el día en que se cuentan los votos. Por el contrario, ese es apenas el punto de partida de una tarea mucho más compleja: lograr que un país profundamente dividido vuelva a encontrarse alrededor de unos propósitos comunes. Abelardo de la Espriella ganó una de las elecciones más estrechas de la historia reciente de Colombia y llega a la Presidencia con un respaldo importante, pero también con la realidad ineludible de que prácticamente la mitad del país votó por una visión distinta de nación.

Ese dato no debería leerse como una dificultad, sino como una responsabilidad. La gobernabilidad del próximo gobierno dependerá menos de la contundencia de sus discursos y mucho más de su capacidad para conversar con quienes piensan diferente. Gobernar no consiste en transar los principios que llevaron a un candidato al poder, pero sí en comprender que la democracia exige escuchar, persuadir y construir acuerdos. Las mayorías otorgan legitimidad para gobernar, pero nunca para ignorar a las minorías.

Al presidente electo le corresponde moderar el tono de la campaña y asumir el lenguaje de un jefe de Estado. La firmeza no está reñida con la prudencia, ni el liderazgo con la capacidad de escuchar. Quien llega a la Casa de Nariño deja de representar únicamente a quienes votaron por él para convertirse en el Presidente de todos los colombianos.

Pero esa responsabilidad no recae exclusivamente sobre el nuevo gobierno. Al presidente Gustavo Petro le cabe el deber histórico de facilitar una transición institucional serena. Las diferencias políticas no pueden convertirse en obstáculos para el funcionamiento del Estado. La institucionalidad colombiana necesita ser rodeada por sus ciudadanos, pero también respetada por quienes hoy ejercen el poder y por quienes lo ejercerán a partir del próximo 7 de agosto.

Del mismo modo, la oposición tiene ahora una oportunidad para demostrar que su compromiso con Colombia está por encima de los resultados electorales. Controlar al gobierno, señalar errores y ejercer vigilancia democrática son funciones indispensables. Pero una oposición responsable también construye, propone y acompaña aquellas reformas que benefician al país, incluso cuando provienen de un gobierno distinto al suyo.

Los desafíos que esperan a Colombia no admiten mezquindades políticas. La situación fiscal, por ejemplo, obliga a tomar decisiones difíciles porque el país enfrenta un elevado nivel de endeudamiento mientras arrastra importantes rezagos en infraestructura, salud, educación y desarrollo regional. Reducir ese déficit exigirá disciplina, pero también inteligencia para no sacrificar las inversiones sociales que constituyen la mejor apuesta por el futuro.

Sería un error entender la política social como un gasto prescindible. La lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de la educación, la nutrición infantil o la atención en salud no son concesiones ideológicas, son inversiones que fortalecen el capital humano y, con él, la competitividad del país.

Al mismo tiempo, Colombia necesita superar varios falsos dilemas que durante años han empobrecido la discusión pública. No estamos obligados a escoger entre “hidrocarburos o agua”, entre “minería o vida”, entre “desarrollo económico o protección ambiental”. Esas dicotomías suelen responder más a consignas políticas que a evidencia científica.

La transición energética debe construirse con responsabilidad técnica, reconociendo tanto la urgencia de proteger los ecosistemas como la necesidad de garantizar recursos para financiar esa misma transición. Los dogmas, vengan de la izquierda o de la derecha, rara vez producen buenas políticas públicas.

Quizá el mayor daño que deja esta campaña no sea la polarización, sino algo aún más profundo: la insularización de la sociedad. Cada vez más colombianos prefieren callar sus opiniones por miedo al señalamiento, al insulto o a la ruptura de relaciones personales. Hemos comenzado a vivir en islas ideológicas donde solo escuchamos a quienes piensan igual que nosotros, lo que en redes sociales se llama ‘cámaras de eco’.

Y una democracia donde las personas tienen miedo de expresar lo que piensan termina debilitándose silenciosamente. Por esa razón, Colombia necesita recuperar la conversación, necesita entender que es posible discrepar sin destruir al otro, debatir sin descalificar y construir sin renunciar a las convicciones.

El país que comienza hoy no será mejor porque haya ganado una campaña sobre otra. Será mejor si somos capaces de aceptar que el desarrollo económico, la justicia social, la solidez institucional, el monopolio inteligente y regulado de las armas por parte del Estado y la libertad no pertenecen a ningún sector político, sino que son objetivos compartidos de una nación que todavía tiene mucho por construir.

Las urnas ya hablaron, ahora le corresponde hablar al país.

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