
Adriana Rodríguez Molano
Analista política, Máster en Sociología política y política comparada de la Universidad París 10 Nanterre y Máster en Análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia.
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Pareciera que el mundo cayó 3 de enero del 2026 en un sopor surrealista en donde espectadores ven, unos anonadados, otros indignados y unos últimos furibundamente eufóricos, una película digna del más alto nivel de estupefacción. Una secuencia de fotogramas que recuerdan periodos de la historia mundial que parecían estar superados.
El neo-colonialismo trumpiano con Venezuela, mediante el bombardeo de Venezuela y la posterior detención ilegal de Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores, irrumpe en el escenario mundial en total impunidad. Los actores internacionales son incapaces de defender la autodeterminación y soberanía de los pueblos, así como el derecho internacional, a pesar de que, acciones como éstas, constituyen actos de agresión contrarios a la carta de la ONU y una violación grave del derecho internacional. La Corte penal Internacional tipifica esta clase de actos como crímenes de agresión que atentan contra la soberanía, independencia política e integridad territorial del país atacado.
Una orden de captura por narcotráfico en Estados Unidos no justifica el secuestro de Nicolas Maduro ni la intervención armada en Venezuela dado que la orden de captura en Estados Unidos no tiene validez extraterritorial, aún menos en el país de donde es presidente el presunto narcotraficante.
Lanzarse directamente en una intervención militar y una detención de un presidente en funciones de forma unilateral vulnera el modo de solución de conflictos dentro el sistema internacional y lo remplaza por una verdadera ley de la selva.
Por otro lado, desde el punto de vista de las leyes estadounidenses, la “War Powers Resolution” (Resolución de Poderes de Guerra) fue creada para equilibrar el poder del ejecutivo en torno al uso de la fuerza en el extranjero mediante la obligatoriedad de aprobación de una intervención armada por parte del Congreso. El presidente puede efectivamente actuar sin consultar al Congreso, pero debe, dentro de las 48 horas, informarle acerca del alcance y razones del uso de la fuerza. Las fuerzas armadas no pueden permanecer más de 60 días en el territorio extranjero sin aprobación por parte de la rama legislativa, con 30 días extras para planificar una retirada en condiciones de seguridad.
El informe oficial que efectivamente se entregó al Congreso después del ataque armado a Venezuela, generó debate sobre si la intervención violaba el espíritu de la ley. Aducir que la urgencia justificaba una notificación posterior es poco creíble y lo que justamente sucedió es que impidió que el Congreso deliberara y se pudiera cumplir con garantizar un equilibrio entre rama ejecutiva y legislativa.
Independientemente de la legitimidad o ilegitimidad de Maduro como presidente de Venezuela, tomarse la justicia por mano propia, siembra una vez más un precedente para que cualquier presidente o dictador, pueda en cualquier momento hacer lo mismo que Trump, instaurando una lógica de solución de conflictos por vía unilateral y sobre todo ilegal.
Esto abre la puerta a la barbarie, pues aquellos que tienen un arma nuclear y capacidad bélica tendrían el beneplácito tácito para apropiarse de países cuya capacidad bélica sea inferior. Aunque esto ya ha sucedido muchas veces a nivel mundial en diferentes zonas del globo, suponemos que el pleno siglo XXI nuestras sociedades buscan eliminar tal barbarie dentro del ajedrez mundial.
La construcción de sociedades más justas, más respetuosas, más conscientes y la salvaguardia de los derechos de los estados y de los individuos a nivel mundial, no puede llevarse a cabo, si un escenario bélico de esta categoría, en pleno siglo XXI resurge con más fuerza y capacidad destructora.
Además de secuestrar a Maduro y a su esposa, Trump pretende igualmente secuestrar el petróleo y el ejercicio gubernamental de Venezuela. Tal como el presidente de Estados Unidos lo anunció a una periodista, quienes manejarían a Venezuela serían los hombres que estaban detrás del mandatario en la rueda de prensa realizada tras los ataques.
Aunque Trump pretende hacer creer a los incautos que la motivación de su ataque a Venezuela es la lucha contra el narcotráfico, lo que realmente lo movió a actuar es la codicia del oro negro y desde luego ponerse al servicio de las grandes multinacionales y/o devolverles favores. Busca controlar las reservas del petróleo venezolano que alcanzan los 303 mil millones de barriles mientras que las de los Estados Unidos solo llegan a 45 mil millones. El ataque aéreo a Irán en junio del 2025 mediante la “Operación martillo de medianoche” tiene en trasfondo 208 mil millones de barriles de reservas de este país además del apoyo que este Irán puede representar para Gaza.
El oro que, antaño, los españoles les expoliaron a los indígenas en la época de la conquista y colonización, hoy se transforma en oro negro en el momento en que los Estados Unidos como potencia internacional está en declive progresivo.
En el marco de este triple secuestro, Venezuela pasaría a ser una suerte de protectorado bastante lucrativo para los Estados Unidos, abriendo el espacio para el despliegue de una nueva versión de la doctrina Monroe. Colombia, México y Cuba estarían en la lista de espera de Trump para amplificar su doctrina Monroe del “This is our Hemisphere”.
La hegemonía que Trump pretende instaurar está teñida de un componente político que reivindica un neo-fascismo caracterizado por el totalitarismo, la antidemocracia, y el ultranacionalismo. La promoción de esta ideología de extrema derecha, impondría la lógica de expoliación depredadora sin tapujos, propia de la barbarie más oscurantista que viene a unirse al genocidio en Palestina.
Así como en el caso de Palestina, aunque con mayor rapidez, la comunidad internacional ha condenado lo ocurrido. Poco a poco, la sociedad civil progresista tanto en Estados Unidos, Francia (a pesar de la vergonzosa posición pro-Trump del presidente Macron), Italia, India, así como en América Latina, Venezuela, Colombia, México, España, Chile, Uruguay, Brasil, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Bolivia y otros países como Irán, Turquía, Siria, Palestina y Sudáfrica; han protestado contra el ataque militar y secuestro de Nicolas Maduro.
Tanto China como Rusia han pedido la liberación inmediata de Maduro y han denunciado como la mayoría de los países que se han manifestado al respecto, una violación de la soberanía venezolana y del derecho internacional, más aún cuanto tienen con Venezuela contratos de compra de petróleo durante los próximos 15 a 20 años.
Por su parte Colombia, México, Brasil, Colombia, Uruguay y España firmaron un documento de rechazo al ataque ilegal en Venezuela
Además, el 5 de enero el presidente de Colombia Gustavo Petro convocó a una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas – ONU que dejó constancia de un rechazo mayoritario al ataque militar en Venezuela aunque no se pudo aprobar una resolución: Albania apoyó a Estados Unidos y el Reino Unido, Francia, Japón no condenaron el hecho.
El despliegue en Venezuela de Cascos Azules, fuerzas de la Paz en la ONU, resulta imposible dada la forma en que la resolución debe ser aprobada para poder hacerlo. Si bien debe contar con 9 de 15 votos del Consejo de Seguridad, la resolución no sería aprobada pues no debe haber veto de ninguno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Desde luego Estados Unidos y seguramente Francia y el Reino Unido antepondrían su veto. Sin embargo, ésta no es una razón para no hacerlo pues se generaría así una presión internacional y quedaría sentado que la mayoría de los países desean la aprobación de la resolución.
En cuanto a Venezuela, no hay constancia oficial de que Venezuela haya presentado ante la Corte Penal Internacional una demanda contra Estados Unidos. Aunque se trata de un crimen de agresión, tipificarlo como crimen de guerra permitiría más fácilmente que pudiera surtir efecto ya que en el segundo caso no se requeriría que el caso fuera remitido por el Consejo de Seguridad de la ONU.
De momento marchas, como la que convoca Petro para este miércoles 7 de enero en todas las Plazas del país, son la forma de manifestar contra lo sucedido en Venezuela, de evitar que Colombia y otros países corran con la misma suerte, de reivindicar el respeto del principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos, de defender el derecho internacional y por último de poner fin a las hegemonías sobre el Sur Global.
Contra la “Teoría del Loco” ideada y aplicada por Richard Nixon en los EE.UU. y hoy herramienta y estrategia principal del “madman” para defender una hegemonía anacrónica y los intereses de los grandes conglomerados, es fundamental la movilización ciudadana multitudinaria.
No somos el patio trasero de nadie y tampoco nos dejamos descolocar con acciones o discursos imprevisibles, irracionales, ilegales y arbitrarios.
¡Los locos que se vayan al manicomio!


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