El precio de la verdad: por qué silenciar al mensajero apaga la democracia

Especial para El Quinto

El pasado sábado 6 de junio de 2026, la democracia colombiana recibió un impacto certero que no provino de las urnas, sino del cañón de un arma de fuego. En el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, un sicario en motocicleta apagó la vida de Cristian Herrera, un valiente periodista judicial, corresponsal e integrante del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Cristian, quien ya había sobrevivido a un atentado en 2017 y a un exilio, no corrió con la misma suerte esta vez. Su delito, el de siempre en este país: investigar la corrupción, los nexos del narcotráfico con el poder político y las dinámicas del orden público en una de las fronteras más complejas del continente.

El asesinato de Cristian, sumado al del joven periodista Mateo Pérez Rueda hace apenas un mes en Antioquia, nos pone de frente ante una contradicción tan dolorosa como inaceptable: no es posible que quienes contribuyen al fortalecimiento de nuestra democracia haciendo control social y político, queden desamparados por la misma institucionalidad que ayudan a proteger. Cuando un periodista es silenciado, o cuando un ciudadano se traga sus palabras por miedo, la democracia no es solo defectuosa; está incompleta.

Hoy, Colombia atraviesa un panorama político profundamente polarizado, marcado por campañas electorales donde la descalificación y el señalamiento están a la orden del día. En este escenario de trincheras, tanto la izquierda como la derecha caen con demasiada frecuencia en la tentación de ver a la prensa libre como un enemigo a batir, en lugar de asumirla como el termómetro indispensable de la salud pública.

Por eso, la exigencia colectiva a cualquiera de las campañas que aspire a gobernar a los colombianos debe ser categórica, sin matices ideológicos: cualquier futuro gobierno debe garantizar que no utilizará el aparato estatal para censurar, asfixiar o estigmatizar a los medios.

La libertad de prensa no es un privilegio corporativo de los periodistas; es el derecho de los ciudadanos a saber qué se hace con sus recursos y en su nombre. Y esta libertad requiere herramientas prácticas. La promesa de transparencia no puede quedarse en discursos vacíos; tiene que traducirse en una política nacional robusta de open data (datos abiertos). El acceso a información con datos confiables, estructurados y de fácil consulta ciudadana es el mejor antídoto contra la especulación y las noticias falsas que alimentan el odio. Una sociedad informada con datos reales debate sobre argumentos; una sociedad a oscuras debate sobre prejuicios.

Por supuesto, las plenas garantías para la movilización libre por el territorio es una condición indispensable para que se ejerzan los derechos. El periodismo es una profesión que no debe hacerse únicamente desde una cómoda poltrona porque sin libertad se convierte simplemente en una jaula de oro. El oficio del reportero clama por medir calles, averiguar datos con fuentes que están fuera de la casa del periodista. La Inteligencia artificial no puede encontrar las historias que se esconden en una venta callejera o en los laberintos de un barrio por lo que se necesita ponerse las botas para contar lo inédito.

Por último, el compromiso democrático se mide en la tolerancia hacia el disidente. El próximo gobierno, sea del color que sea, debe ser el principal garante de que cualquier opositor, por radical o incómodo que parezca, tenga plenos derechos para expresar sus discrepancias. El disenso es el motor del progreso social. Gobernar no da el derecho de convertir la crítica en un blanco para las bodegas digitales o los discursos incendiarios que terminan validando la violencia física en los territorios.

Las muertes de Cristian Herrera y Mateo Pérez Rueda, las últimas de una larga lista de tragedias, debe sacudirnos. No podemos normalizar que informar sea una profesión de alto riesgo, ni que opinar sea un acto de heroísmo. Exigir garantías reales para la prensa y para la palabra del ciudadano común no es una postura partidista; es la defensa mínima del piso común que nos permite llamarnos una república libre. Si permitimos que el miedo gane, lo que sigue es el silencio absoluto. Y en el silencio, la democracia simplemente muere.

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