La democracia no puede gobernarse desde la sospecha

Una democracia madura no exige que todos compartan el mismo resultado electoral. Exige algo mucho más importante: que todos aceptemos las reglas del juego cuando las autoridades competentes concluyen el proceso y proclaman un ganador. Por eso resulta tan preocupante que el presidente Gustavo Petro haya insistido en desconocer la legitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella, pese a que las autoridades electorales certificaron el resultado y las misiones internacionales de observación avalaron la transparencia del proceso.

El Presidente tiene pleno derecho a expresar dudas y a solicitar investigaciones si considera que existen irregularidades. Para eso existen las instituciones, los recursos judiciales y las acciones de nulidad previstas por el ordenamiento jurídico. Lo que no puede hacer quien ocupa la más alta magistratura del Estado es sustituir las pruebas por sospechas permanentes ni convertir sus redes sociales en un tribunal paralelo desde donde se deslegitime la voluntad popular. La diferencia entre una denuncia jurídica y una narrativa política es enorme, y más cuando quien la impulsa es el jefe del Estado.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué busca el Presidente al desconocer públicamente al mandatario electo? ¿Abrir una compuerta para una prolongada inestabilidad política? ¿Mantener movilizada a su base política alrededor de la idea del fraude? ¿O simplemente elevar el costo político de la transición? Cualquiera de esas hipótesis resulta inquietante porque la confianza institucional es uno de los activos más difíciles de recuperar cuando comienza a deteriorarse.

A esa preocupación se suma el respaldo presidencial a los llamados de movilización y a la desobediencia civil promovidos desde sectores de su coalición política, especialmente desde el ex candidato y hoy senador electo por el Estatuto de Oposición, Iván Cepeda. La desobediencia civil tiene un lugar en la historia de las democracias cuando enfrenta regímenes que niegan derechos fundamentales. Pero convertirla en un instrumento para desconocer unas elecciones oficialmente certificadas implica llevar el conflicto político a un terreno extraordinariamente peligroso. La Constitución ofrece mecanismos para controvertir los resultados; sustituirlos por la presión de la calle erosiona el Estado de derecho.

Es cierto que durante unas horas el país llegó a preguntarse si el Presidente estaría dispuesto a entregar el poder el próximo 7 de agosto. Esa incertidumbre, por sí sola, ya produjo un enorme desgaste institucional. Posteriormente, el propio Gustavo Petro afirmó que cumplirá la Constitución y hará la entrega del mando en la fecha prevista. Esa rectificación era indispensable y debe saludarse, porque despeja cualquier duda sobre una eventual ruptura del orden constitucional.

Sin embargo, el daño no desaparece por completo. Las instituciones democráticas viven tanto de las normas como de la confianza ciudadana. Cada vez que un presidente siembra dudas sin demostrar sus afirmaciones, debilita precisamente aquello que juró defender. No es casual que la suspensión del proceso de empalme anunciada por el presidente electo haya terminado agravando la tensión entre ambos gobiernos, dificultando una transición que debería estar orientada exclusivamente a garantizar la continuidad del Estado.

Colombia necesita que la transición presidencial sea recordada por la fortaleza de sus instituciones y no por la fragilidad de sus discursos. Los presidentes pasan; la República permanece. Y precisamente por eso quien ejerce la Presidencia tiene una responsabilidad superior: proteger la legitimidad de las reglas democráticas incluso cuando el resultado no favorezca a su proyecto político. Hacer lo contrario sería un flagrante golpe de Estado. Ese es el verdadero compromiso con la democracia. Todo lo demás abre una compuerta que América Latina conoce demasiado bien y cuyos costos siempre terminan pagando los ciudadanos.

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