¿La Patria Milagro es una Patria Boba Reencauchada?

Con la promesa de políticas de tierra arrasada, estamos dinamitando los cimientos de la República. Estas políticas vienen acompañadas de una cultura de corrupción y engaño sin precedentes en la historia de nuestro país.

El 7 de agosto no amanece en Colombia como una transición democrática, sino como el despliegue de una escenografía de guerra diseñada para desmantelar lo poco que queda de soberanía. El país asiste, entre la fascinación mediática y el pavor silencioso, a la instauración formal de un virreinato del eje anglosionista Washington-Tel Aviv, en el que las decisiones ya no emanan de la voluntad popular, sino de la convergencia de intereses de potencias extranjeras que ven en nuestro territorio un botín de recursos estratégicos y un laboratorio de control social. Lo que se avecina es un profundo retroceso histórico: el instante en que la fachada republicana se desmorona para dar paso a un protectorado tutelado por un imperio que desprecia la vida en su búsqueda de oro y poder.

La entrada en escena de este nuevo régimen se fundamenta en la estética traqueta, una gramática visual de la opulencia y el exceso que comunica éxito y dominación en una sociedad bloqueada por la desigualdad y la pobreza. No es una simple cuestión de mal gusto: es un mensaje político de control territorial. El ejemplo más nítido es la mal llamada «Casa Blanca» del Caribe, una sede presidencial alterna ubicada en el Batallón Paraíso de Barranquilla.

Mientras el discurso oficial pregona austeridad, se construye una sede alterna cuya fachada imita la Casa Blanca, se adecúa un búnker subterráneo y se acepta una donación de 700 millones de pesos en mobiliario de lujo por parte de empresarios cuestionados. Se replica así la lógica de los carteles de los años ochenta, en la que el «haga plata, mijo, no importa cómo» es la única medida del valor humano. Esta narcoestética consigue disociar el crimen de su brutalidad y transformar el lujo sostenido por la sangre en un producto aspiracional para las masas empobrecidas.

En este guion de dominación, la fe ha sido secuestrada como narcótico social. El país ha presenciado con estupefacción la farsa del retiro espiritual de un presidente que se confiesa ateo, pero no duda en aparecer con camándulas, biblias marcadas con logotipos de campaña y ritos de unción que imitan a los antiguos reyes de Israel y el espectáculo religioso de los evangélicos sionistas en la Casa Blanca, bendiciendo a Trump como el elegido. Se trata de una escatología de la guerra, una visión del fin de los tiempos en la que el mandatario es presentado como un «ungido» pecador: un mal necesario cuya misión divina es purgar a la sociedad de sus «pecados» —es decir, de la oposición y el pensamiento crítico— mediante el sufrimiento extremo y la «espada».

Bajo esta lógica teocrática, el adversario político deja de ser un competidor para convertirse en un pecador que debe ser extirpado y eliminado. Esta «diplomacia de la fe» sustituye la identidad republicana por una identidad mesiánica, en la que apoyar masacres y genocidios en tierras lejanas, o entregar los recursos nacionales, se presenta como una obligación espiritual.

La «Patria Milagro» no es más que una Patria Boba reencauchada que nos devuelve al oscurantismo medieval. Mientras se distrae al vulgo ignorante con alabanzas televisadas, se prepara la tierra arrasada. El nombramiento de Paola Holguín en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes es la pieza maestra de este engranaje. Holguín, experta en inteligencia y seguridad nacional, mas no en humanidades, llega para comandar la propaganda de un régimen que fusiona la estética de la motosierra con la disciplina militar. Al ser hija de un testaferro del Cartel de Medellín, su presencia institucionaliza la cultura traqueta y desplaza la creación artística al tablero de la guerra cognitiva.

Su tarea es reescribir la memoria, folclorizar la identidad en un sentido conservador y utilizar las etiquetas de «guerrillero» y «comunista» para proceder a la aniquilación civil de quien ose disentir. No es casual que se hable de «motosierra»: en Colombia, el término no alude a un recorte fiscal, sino al horror paramilitar y al silenciamiento de comunidades enteras.

Este desmantelamiento de la República se apoya en un proceso de «bukelización»: una fase sofisticada de la doctrina Monroe en la que el ciudadano, agotado por un miedo inducido de manera sistemática, termina demandando su propio sometimiento.

El mandatario opera como un influenciador-tirano que satura las redes sociales y establece una conexión directa con sus seguidores, eliminando la intermediación periodística. El miedo se apodera de la conversación pública, y problemas complejos como la salud, la desigualdad o la educación desaparecen en el agujero negro de la «securitización». La ley del más fuerte y la excepcionalidad jurídica se convierten en norma. Así se permite la creación de «no ciudadanos» confinados en megacárceles sin derechos, mientras los recursos naturales se entregan a la voracidad de empresas extranjeras bajo el pretexto de la eficiencia técnica o se destinan a incrementar la acumulación de la pequeña oligarquía que sostiene al Gobierno.

La soberanía nacional se entrega a cambio de tecnología de vigilancia masiva. El anuncio de la apertura de una oficina del «Escudo de las Américas» en Medellín es el acto de vasallaje que inaugura formalmente el virreinato. Este dispositivo, presentado bajo la narrativa heroica de la lucha contra el narcotráfico, busca en realidad asegurar el control absoluto de los ecosistemas tecnológicos, el agua y los minerales críticos.

Bajo este modelo, la libertad de expresión es la primera víctima. El acoso judicial a periodistas, mediante más de 109 demandas, y la creación de listas de «activistas» para deslegitimar la crítica demuestran que el objetivo no es debatir, sino eliminar una forma de pensar en Colombia. Se utilizan programas como Pegasus y los sistemas de vigilancia de empresas como Palantir para espiar a la oposición, desarticular los movimientos sociales y subordinar lo civil a lo militar.

El impacto final de este gobierno, impuesto por un imperio genocida, será la aniquilación del campo y la criminalización de la protesta social. Se prevé el fin de la reforma agraria y la eliminación de las zonas de protección alimentaria, lo que derivará en un nuevo despojo de tierras al campesinado bajo el pretexto de combatir el «narcoterrorismo». El campesino que salga a reclamar sus derechos será graduado de guerrillero de las FARC para justificar el bombardeo y la muerte. Estamos ante un modelo que prioriza la acumulación militarizada sobre la dignidad humana y convierte a Colombia en el patio trasero de un imperio que utiliza el sionismo y el nacionalismo religioso para deshumanizar al «otro» y eliminarlo físicamente, como sucede en Gaza y el Líbano y como han pretendido hacerlo, sin éxito, con Irán.

La sindéresis de nuestro tiempo exige comprender que estas nubes negras no son un fenómeno atmosférico accidental, sino la expresión de un plan deliberado de narcofascismo. La resistencia debe ser territorial y partir de la organización social, pues el narcofascismo odia la organización comunitaria tanto como ama el control algorítmico. Debemos rechazar la «soberanía funcional» que ofrece el nuevo virreinato y blindar moralmente a la sociedad contra la idiotización de las masas.

El modelo anarcocapitalista implementado en Argentina por Javier Milei sirve como un espejo sombrío y un «vistazo al futuro» de lo que podría ocurrir bajo una administración similar. Este modelo se resume en tres ejes devastadores: destrucción, pobreza y corrupción.

Veamos cómo este sistema está desmantelando la nación argentina.

Destrucción de la capacidad productiva. La apertura indiscriminada de la economía ha provocado una avalancha de importaciones y la fuga de capitales especulativos. Esto ha ocasionado el cierre de más de 24.000 empresas y la pérdida de aproximadamente 290.000 empleos registrados, transformando la economía en un sistema en el que el trabajador debe recurrir al rebusque informal para sobrevivir.

Aumento sistemático de la pobreza. Bajo la premisa de que la «justicia social es una aberración», el salario de los empleados públicos ha perdido el 23 % de su valor y se han sustraído más de 57.000 millones de dólares de los bolsillos de los trabajadores para favorecer al sector financiero. Esto ha empujado a 4,6 millones de personas a la insolvencia crediticia, pues deben utilizar tarjetas de crédito para comprar productos básicos que ya no pueden pagar.

Desmantelamiento del Estado, la educación y la salud. El desfinanciamiento de las provincias, las universidades y las obras sociales ha dejado desamparados a los sectores vulnerables. En el caso de los jubilados, los recortes en el PAMI —la obra social estatal— obligan a los ancianos a decidir qué medicamentos dejar de tomar. Esta situación ha contribuido a que los suicidios expliquen ya el 40 % de las muertes no naturales en el país.

Institucionalización de la corrupción. Lejos de eliminar a «la casta», el modelo ha conducido a lo que sus críticos denominan «la mafia a la cabeza del Estado», al permitir que círculos cercanos al poder se enriquezcan mediante sobreprecios en agencias estatales, como ocurre con el esquema del «3 % para Karina» en la Agencia Estatal de Discapacidad.

Entrega de la soberanía. El modelo anarcocapitalista argentino también se caracteriza por la cesión de la soberanía nacional a intereses extranjeros, particularmente a los del eje anglosionista, lo que incluye la entrega de recursos estratégicos en la Patagonia.

El ejemplo argentino demuestra que el anarcocapitalismo no busca destruir el establecimiento económico, sino salvarlo a costa de la aniquilación de los derechos civiles y la dignidad de las mayorías. Funciona como un protectorado de capitales transnacionales oculto tras una fachada autoritaria y religiosa.

El 7 de agosto se abre un paréntesis de barbarie, pero la historia enseña que ningún imperio es eterno y que la voluntad de los pueblos de ser libres siempre termina por rasgar la oscuridad de los relatos impuestos. Colombia no merece ser gobernada por el rencor y la estética de la violencia. La verdadera riqueza de la nación reside en la vida digna de sus ciudadanos, no en la acumulación desbordada de riqueza de sus élites traquetas.

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