¿Quién gana con las bombas?

Colombia vuelve a despertar entre explosiones, amenazas y titulares de guerra. Drones cargados con explosivos, motocicletas bomba, ataques contra estaciones de policía, panfletos intimidatorios y corredores regionales paralizados por el miedo. Otra vez el país mirando hacia atrás, como si las últimas décadas nunca hubieran terminado realmente.

Pero esta vez la pregunta no es únicamente quién está colocando las bombas. Esa responsabilidad le corresponde establecerla a las autoridades mediante investigaciones serias, independientes y transparentes. La verdadera pregunta política que hoy comienza a surgir en millones de colombianos es otra: ¿quién termina beneficiándose del miedo?

Porque mientras las explosiones ocupan portadas y noticieros, también se mueve el tablero electoral.

Las más recientes encuestas de intención de voto dejaron una coincidencia imposible de ignorar: tras los atentados y la escalada de violencia del fin de semana, comenzaron a fortalecerse nuevamente los sectores políticos que construyen su discurso alrededor de la confrontación, el endurecimiento y la idea de un país al borde del colapso. Particularmente el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, cuya narrativa pública se apoya precisamente en la promesa de autoridad, control y mano dura.

No se trata de lanzar acusaciones irresponsables ni de fabricar teorías sin pruebas. Se trata de observar un fenómeno político e histórico que Colombia ya conoce demasiado bien: cada vez que el país entra en una espiral de miedo colectivo, ciertos sectores terminan creciendo electoralmente.

Y eso no es casualidad.

Durante décadas, la violencia funcionó también como herramienta política indirecta. Cada atentado generaba indignación, desesperación y sensación de caos. Y sobre ese miedo se construían discursos salvacionistas capaces de capitalizar emocionalmente el sufrimiento ciudadano. El terror no solamente dejó muertos y territorios destruidos; también moldeó elecciones, fortaleció liderazgos y justificó proyectos políticos enteros.

La historia reciente de Colombia demuestra que el miedo ha sido uno de los combustibles electorales más eficaces del poder.

Por eso hoy resulta inevitable hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué cada ola de violencia termina fortaleciendo los discursos más radicales? ¿Por qué el terror siempre parece favorecer electoralmente a quienes prometen respuestas autoritarias? ¿Por qué cada explosión reactiva el mismo libreto político basado en la idea de un enemigo absoluto y una salvación inmediata?

El problema es que la guerra colombiana dejó hace mucho de ser solamente militar. Hoy también es mediática, emocional y narrativa.

Cada bomba produce imágenes. Cada atentado instala una percepción colectiva. Cada titular multiplica el miedo en redes sociales y noticieros. Y en medio de ese ambiente de angustia permanente, amplios sectores de la población terminan reaccionando emocionalmente, buscando figuras que prometan control absoluto frente al caos.

Eso explica por qué, incluso sin conocer todavía a los responsables de muchos ataques recientes, ciertos sectores políticos ya utilizan el miedo como plataforma ideológica y herramienta de campaña.

El fenómeno no es nuevo. América Latina ha vivido múltiples momentos donde la inseguridad y el terror terminan alimentando proyectos políticos basados en la confrontación permanente. Cuando una sociedad siente que todo se desmorona, parte de la ciudadanía comienza a aceptar medidas extremas, discursos agresivos y salidas autoritarias que en tiempos normales resultarían inaceptables.

Y Colombia parece acercarse nuevamente a ese punto peligroso.

Mientras tanto, las verdaderas víctimas siguen siendo las mismas de siempre: comerciantes extorsionados, campesinos desplazados, policías de base, jóvenes reclutados, transportadores amenazados y ciudadanos comunes atrapados entre economías criminales, corrupción institucional y actores armados que hace mucho dejaron de representar cualquier causa ideológica real.

Porque hoy las fronteras entre narcotráfico, mafias regionales, corrupción política y violencia territorial son cada vez más difusas. Lo que sobrevive es un gigantesco negocio sostenido por el caos, el miedo y la incapacidad histórica del Estado para desmontar las estructuras profundas de poder criminal.

Lo más preocupante es que el país parece entrar nuevamente en una lógica conocida: cuanto mayor es el miedo, mayor es el respaldo hacia quienes convierten el miedo en discurso político.

Y allí aparece el verdadero riesgo para la democracia colombiana.

Porque las bombas no solamente destruyen carreteras, estaciones de policía o edificios públicos. También destruyen serenidad ciudadana, deterioran la discusión democrática y facilitan el regreso de narrativas construidas desde la polarización extrema.

Por eso hoy el deber ciudadano no es dejarse arrastrar por el pánico colectivo ni aceptar automáticamente versiones prefabricadas. El deber democrático consiste en conservar la capacidad crítica, exigir investigaciones reales y preguntarse quién obtiene ventajas políticas cada vez que Colombia vuelve a sentir que se aproxima al abismo.

Porque incluso si los responsables materiales pertenecen a estructuras criminales, disidencias o mafias territoriales, el impacto político de la violencia termina favoreciendo claramente a quienes han construido su liderazgo alrededor del miedo y la confrontación.

Y precisamente por eso, hoy más que nunca, preguntar se convierte en un acto de responsabilidad democrática.

Preguntar quién dispara.

Preguntar quién financia.

Preguntar quién manipula.

Pero sobre todo, preguntar quién gana electoralmente cada vez que las bombas vuelven a aparecer en Colombia.

Adenda: cuando el miedo deja de funcionar

Las más recientes declaraciones y mensajes publicados en redes por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez vuelven a mostrar una faceta que Colombia conoce demasiado bien: la del líder político que convierte la confrontación en amenaza, la diferencia en enemigo y la crítica en persecución. Cada intervención parece cargar el mismo tono de hace dos décadas: acusaciones incendiarias, señalamientos sin pruebas y llamados emocionales dirigidos a una militancia acostumbrada a la política del miedo.

Pero algo cambió.

Por primera vez en muchos años, amplios sectores de la sociedad ya no reaccionan con silencio ni obediencia automática. En distintos municipios del país se han vuelto frecuentes las escenas de rechazo ciudadano, protestas espontáneas y comunidades enteras que le exigen retirarse de plazas públicas o actos políticos. El fenómeno es simbólico: la figura que durante años inspiró temor parece enfrentar ahora algo más difícil de controlar, la pérdida progresiva de legitimidad.

Y cuando un liderazgo basado en el miedo comienza a quedarse sin miedo ajeno, suele entrar en una fase peligrosa: la radicalización desesperada.

La historia latinoamericana demuestra que los proyectos políticos heridos muchas veces recurren a discursos más agresivos, enemigos imaginarios y escenarios de caos para intentar sobrevivir. Por eso Colombia debe actuar con serenidad y memoria histórica.

Porque una bestia política acorralada puede convertirse en el actor más impredecible del escenario nacional.

Lo de mañana ya no será, como antes, simples “pañitos de agua tibia”.

Lo de mañana será un pueblo enfrentando los últimos vestigios de una guerra declarada por la corrupción, las mafias del poder y las estructuras que durante décadas han vivido del miedo, la violencia y el saqueo institucional contra millones de colombianos de bien.

Colombia decidirá este 31 de mayo si más de treinta años de violencia, narcotráfico, corrupción y contubernios políticos terminan otorgándole nuevamente a la derecha radical los votos necesarios para recuperar el poder y acabar con lo poco que dejaron y lo mucho que ha recuperado el gobierno más decente de este siglo.

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