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La escasez de alimentos y el alza de precios no son una simple consecuencia económica: son el reflejo moral de un sistema que expulsó a quienes lo mantenían funcionando.

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Colombia no necesita una nueva Constitución cada treinta años. Necesita instituciones que funcionen, una justicia que sancione y un Congreso que legisle para la gente, no para sus financistas.

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Toda constituyente tiene sentido cuando busca ampliar derechos, no cuando persigue habilitar una continuidad personal.