Despolitizar la tragedia

Especial para El Quinto

Hay momentos en los que un país tiene derecho a discutir, reclamar y ejercer control sobre sus gobernantes. Pero también hay momentos en los que la discusión política debería bajar el volumen para que podamos escuchar algo mucho más urgente: el dolor de quienes lo han perdido todo.

El terremoto del 10 de agosto ha dejado, con corte a las 6:30 de la mañana del 18 de agosto, 304 personas fallecidas, 426 desaparecidas y 4.548 heridas. La emergencia ha afectado a 292.043 personas agrupadas en 123.789 familias, en 15 departamentos y 472 municipios. Hay 163.896 viviendas afectadas, 267 edificios colapsados, 303 centros de salud y 3.443 centros educativos con daños, además de afectaciones en vías, puentes, acueductos y aeropuertos.

Frente a semejante tragedia resulta desconcertante que buena parte de la conversación en las redes sociales se haya convertido en otra batalla política. Unos buscan demostrar que el Gobierno de Abelardo De La Espriella está actuando mal; otros se empeñan en defenderlo de cualquier crítica. Unos preguntan quién hizo determinada entrega, quién apareció primero en una fotografía o quién obtuvo mayor protagonismo; otros responden buscando culpables en el gobierno anterior. Mientras tanto, aún muchas de las verdaderas víctimas siguen esperando agua, alimentos, medicamentos, alojamiento, atención psicológica y, en muchos casos, noticias de sus familiares.

No pretendo decir que el Gobierno esté por encima del escrutinio. Todo lo contrario: la transparencia, la rendición de cuentas y la veeduría ciudadana son indispensables, especialmente cuando se movilizan enormes cantidades de recursos públicos y privados. Pero controlar no significa obstaculizar, y preguntar por el destino de una ayuda no puede convertirse en impedir que llegue a quien la necesita.

Es mi sensación que el Gobierno colombiano, en su conjunto, ha actuado con celeridad frente a una emergencia de estas dimensiones. Eso merece ser reconocido. Pero también es cierto que en medio de una situación tan compleja, algunos funcionarios o personas cercanas al poder han cometido imprudencias que, comprensiblemente, generan críticas. Gobernar una emergencia exige mucho compromiso sin descanso, y un equilibrio difícil entre la prudencia, la dignidad de las víctimas y una comunicación pública capaz de informar sin convertir el dolor en propaganda. Pero ese estándar debería aplicarnos a todos.

Hay algo mucho más poderoso que la disputa partidista que deberíamos estar mostrando en estos días: la solidaridad de los colombianos. Ciudadanos que han donado dinero, alimentos, ropa y tiempo; empresarios que han puesto recursos, logística y capacidades al servicio de la emergencia; trabajadores que han suspendido sus actividades para ayudar; organismos de socorro que llevan días entrando donde otros salen. Y también la solidaridad internacional, que se ha sumado a este esfuerzo. Esa debería ser la narrativa que construyamos entre todos sin mezquindades.

Y hay una regla elemental que no deberíamos siquiera tener que recordar: la ayuda humanitaria no tiene partido político. Nadie debería preguntar a una familia damnificada por quién votó antes de entregarle un mercado, una carpa, un medicamento o una vivienda temporal. La solidaridad no puede convertirse en mecanismo de discriminación política ni la emergencia en escenario de revancha.

Partamos de la buena fe. Dejemos que las instituciones hagan su trabajo, exijamos transparencia y vigilemos los recursos, pero sin poner palos en las ruedas de quienes están intentando atender una tragedia.

Después del terremoto, Colombia necesita reconstruir mucho más que edificios. Necesita reconstruir confianza. Y para eso tendremos que entender que, frente al dolor, somos ciudadanos antes que seguidores de un gobierno o de una oposición.

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