Encuestas bajo presión

Especial para El Quinto

En una democracia, medir la opinión pública debería ser un ejercicio técnico, no un acto de riesgo. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Colombia con las encuestas políticas revela una tensión más profunda: la dificultad de capturar lo que la gente piensa cuando decirlo puede tener costos.

La reciente decisión de GAD3 de suspender la realización de encuestas electorales en el país, tras advertir que no puede cumplir una directriz del Consejo Nacional Electoral, es una señal de alerta. No solo por lo que implica para la industria de la medición, sino por lo que dice sobre el clima en el que se intenta preguntar.

El problema de fondo no es técnico; es cultural y político. Las normas pueden exigir procedimientos ideales —como verificaciones presenciales o validaciones adicionales—, pero en la práctica, el contexto colombiano introduce variables que no siempre se pueden controlar. ¿Qué tan libre se siente una persona para expresar su intención de voto cuando un encuestador toca su puerta? ¿Qué tan seguro es decir en voz alta, frente a vecinos o familiares, una preferencia política que puede ser mal vista o incluso estigmatizada? De hecho no tiene que decirlo en voz alta, la sospecha ya se posa sobre el que conteste.

En muchos territorios, la respuesta es evidente: poco o nada. Por eso, para muchos ciudadanos, la encuesta telefónica resulta más cómoda. La distancia ofrece una capa de anonimato que reduce la presión social. No es solo una cuestión de metodología; es una cuestión de confianza.

Cuando esa confianza no existe, el dato se contamina. Aparece el llamado “voto oculto”, la respuesta evasiva, o peor aún, la respuesta estratégica: decir lo que se considera “seguro”, lo políticamente correcto, en lugar de lo que realmente se piensa. En ese escenario, pretender una pureza metodológica absoluta puede terminar alejando aún más la medición de la realidad.

Pero hay otro fenómeno igual de inquietante: el poder que tienen las encuestas para moldear aquello que dicen medir.

Siempre ha existido la discusión sobre si las encuestas predicen o influyen. En Colombia, la evidencia empírica sugiere que hacen ambas cosas, pero no necesariamente en el sentido más obvio. No es que las encuestas acierten porque logran capturar con precisión quirúrgica la intención de voto desde el inicio; es que, en muchos casos, ayudan a construirla.

Cuando aparecen los primeros sondeos, esos que funcionan como “fotografías” tempranas, se activa una lógica silenciosa en el electorado: la de no querer perder. Muchos votantes, especialmente los indecisos, tienden a alinearse con quienes lideran las mediciones. No por convicción profunda, sino por cálculo emocional o pragmático. Nadie quiere “botar el voto”. Nadie quiere quedarse del lado equivocado de la historia electoral.

Así, opciones que podrían crecer quedan descartadas prematuramente porque “no marcan bien”, mientras que candidaturas fuertes se consolidan aún más gracias al efecto de arrastre. Es un círculo que se retroalimenta: la encuesta muestra una ventaja, la ventaja atrae más votos, y esos votos terminan confirmando la encuesta… Una profecía autocumplida. Lo he visto en muchas elecciones y hasta vivirlo en carne propia cuando quien escribe estas líneas aspiró a un cargo de elección popular en la provincia colombiana, en los intestinos de Santander. A pesar de que el nombre del suscrito despertaba simpatías en amplios y variados sectores de la comunidad, alguien de una campaña inventó un sondeo y eso bastó para que la gente empezara a decir cosas como “es el mejor, pero no va a ganar; no voy a botar mi voto”… La ciudadanía fue manipulada en esa oportunidad por tres falsos sondeos con fichas técnicas nada rigurosas cuando las mostraban y de empresas no autorizadas por el CNE… Pero la gente no mira eso, sino quién puede ser el “caballo ganador”.

Esto no significa que las encuestas sean inútiles o que deban desaparecer. Al contrario: son herramientas valiosas para entender tendencias, identificar preocupaciones ciudadanas y enriquecer el debate público. Pero sí implica reconocer sus límites y, sobre todo, sus efectos.

En ese sentido, la discusión que abre el caso de GAD3 debería ir más allá de una norma puntual. Debería llevarnos a replantear cómo queremos medir la opinión en un país donde la libertad de expresión política no siempre se ejerce en condiciones ideales. Y también a preguntarnos qué responsabilidad tienen los medios, los analistas, nosotros los columnistas y los propios ciudadanos al consumir y amplificar esos datos.

Porque una encuesta no es solo un número, sino un mensaje. Y dependiendo de cómo se interprete, ese mensaje puede informar… o condicionar.

Tal vez ha llegado el momento de asumir una posición más madura frente a ellas. Entender que no son oráculos, sino instrumentos imperfectos. Que reflejan un momento, pero no determinan un destino. Y que, en última instancia, el voto sigue siendo un acto individual que debería estar guiado por la convicción, no por la estadística.

De lo contrario, corremos el riesgo de que la democracia deje de ser un ejercicio de elección libre para convertirse en un juego de probabilidades donde terminamos votando no por quien creemos mejor, sino por quien parece más probable.

Y ese, más que un problema metodológico, es un problema profundamente político.

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