Juicio a la prensa: la sexualidad, el escándalo y el poder vinculante de los signos

Freud lo sabía: buena parte de la conflictividad humana gira alrededor de la sexualidad. Entendida en un sentido amplio, esta comprende mucho más que el ejercicio genital: incluye el deseo, el amor, la atracción, los celos, las identificaciones, la necesidad de reconocimiento y las innumerables maneras en que los seres humanos buscan y disputan el afecto de los demás. La libido, en el vocabulario psicoanalítico, nombra una de las grandes fuerzas que intervienen en la organización de nuestra vida psíquica y de nuestros vínculos.

El asunto tiene consecuencias que desbordan ampliamente el consultorio del psicoanalista. La política, por ejemplo, tampoco está libre de esa economía del deseo. El poder atrae, seduce, despierta adhesiones y rivalidades. Los personajes públicos se convierten en objetos de identificación, admiración, rechazo y hasta de fascinación. Sus vidas privadas, especialmente cuando involucran asuntos sexuales, ofrecen un material particularmente fértil para la curiosidad colectiva. Allí donde aparece el deseo, también comparecen la moral, la censura, la hipocresía y el juicio ajeno.

El supuesto escándalo sexual relacionado con Gustavo Petro permite observar este fenómeno desde otra perspectiva. Más allá de la veracidad de las versiones que circulan y de la responsabilidad que pudiera corresponder a las personas involucradas, interesa examinar el tratamiento mediático del asunto. ¿Qué se informa? ¿Qué se insinúa? ¿Qué se da por sentado? ¿Qué se omite? ¿En qué momento una información se convierte en sospecha y la sospecha empieza a funcionar como una condena?

La cuestión es delicada porque la prensa no es un espejo de los acontecimientos. Selecciona, ordena, jerarquiza, interpreta y pone en circulación signos. Un hecho puede adquirir significados muy diferentes dependiendo de la manera como se presenta, de las asociaciones que se establecen y de la insistencia con que se repite. El titular, la fotografía, el comentario y la insinuación forman parte de una arquitectura de sentido. A veces, esa arquitectura informa; otras, orienta interesadamente la interpretación; en sus peores manifestaciones, fabrica una realidad pública que termina desplazando los hechos.

Esto hace que haya un asunto de mayor calado: el poder vinculante de los signos. Una sospecha publicada puede adquirir la consistencia de una certeza; una insinuación repetida puede terminar convertida en atributo de una persona; una versión no comprobada puede instalarse en la conversación cotidiana hasta que nadie recuerde dónde comenzó. El signo deja de ser una referencia al acontecimiento y empieza a ocupar su lugar. La representación termina imponiéndose sobre aquello que supuestamente representa.

La prensa conoce, o debería conocer, ese poder. Su responsabilidad es enorme ya que sus palabras no circulan en el vacío. Intervienen en la formación de opiniones, modifican reputaciones, afectan relaciones personales y pueden alterar el curso de una discusión democrática. Cuando un medio presenta una hipótesis como si fuera un hecho, cuando explota la intimidad para producir indignación o cuando organiza deliberadamente una secuencia de insinuaciones, deja de cumplir su función informativa y se aproxima peligrosamente al ejercicio de una forma de poder sin suficiente control.

El escándalo sexual tiene, además, una ventaja comercial y política: convoca a todo el mundo. No exige conocimientos especializados ni una particular formación intelectual. Basta con reconocerse en alguna de las posiciones disponibles: el curioso, el indignado, el moralista, el defensor, el acusador o el espectador que espera conocer el siguiente capítulo. La intimidad ajena se convierte en espectáculo colectivo. Cada cual aporta su pequeña dosis de juicio, mientras la noticia se reproduce y adquiere nuevas dimensiones.

En esta operación hay algo profundamente paradójico. Una sociedad que suele mantener la sexualidad bajo innumerables restricciones morales encuentra un placer extraordinario en examinar públicamente la sexualidad de los demás. La misma cultura que condena el deseo puede consumirlo como espectáculo. Freud habría encontrado en semejante comportamiento un campo de observación nada despreciable: la represión, la curiosidad, la ambivalencia y la proyección participan también en la construcción de nuestros juicios morales.

Pero el problema no termina en la psicología colectiva. Cuando el escándalo se utiliza para producir efectos políticos, entramos en otro terreno. La información deja de ser un medio para conocer y se convierte en un instrumento para predisponer al público. El personaje investigado queda atrapado en una narración que puede haber comenzado a juzgarlo antes de que se conozcan los hechos. La sospecha adquiere vida propia y sus efectos pueden resultar mucho más duraderos que cualquier rectificación posterior.

Y no es que los gobernantes deban quedar protegidos por su condición de figuras públicas ni que sus comportamientos privados sean siempre irrelevantes. La intimidad también puede tener interés público cuando compromete el ejercicio del poder, involucra recursos públicos, revela abusos o afecta derechos de terceros. La prensa tiene el deber de investigar y la sociedad tiene derecho a conocer. Y por eso, la investigación debe distinguirse del rumor, la denuncia de la insinuación y la información de la manipulación.

La libertad de prensa no es una licencia para fabricar culpabilidades. Tampoco puede confundirse la crítica a los medios con una pretensión de silenciarlos. Una democracia necesita una prensa libre, capaz de investigar al Gobierno, a los partidos, a los empresarios y a cualquier institución que concentre poder. Pero necesita también medios responsables, dispuestos a someter sus propios procedimientos a la discusión pública. La libertad que permite examinar a los demás debe admitir, en reciprocidad, el examen de quien la ejerce.

Entonces llegamos al asunto que verdaderamente nos ocupa: ¿quién juzga a la prensa? La pregunta no pretende instituir un tribunal de la verdad ni conceder a nadie la facultad de decidir qué puede publicarse. Se trata de algo más elemental: exigir que los medios respondan por sus afirmaciones, sus procedimientos, sus omisiones y sus posibles montajes. Que expliquen de dónde provienen sus informaciones, que distingan los hechos de las interpretaciones, que reconozcan sus errores y que no conviertan la reputación de las personas en material desechable de una disputa política.

La prensa suele ocupar el lugar del observador y del juez. Desde allí examina las conductas ajenas, establece responsabilidades y distribuye credibilidad. Sin embargo, también ella está situada en el mundo que observa; tiene intereses, inclinaciones, prejuicios y limitaciones. No existe un lenguaje neutral, tampoco un periodismo situado por fuera de las relaciones de poder. Reconocerlo no invalida la actividad periodística: la obliga a ser más rigurosa y transparente.

Freud nos ayuda a comprender una parte de la escena: el deseo y sus conflictos atraviesan la vida individual y colectiva. La semiótica permite comprender otra: los signos mediante los cuales interpretamos esa vida producen efectos reales. La política reúne ambas dimensiones y la prensa puede convertirlas en un dispositivo de enorme eficacia.

El verdadero escándalo comienza cuando alguien se arroga el derecho de administrar públicamente la intimidad ajena, convertirla en mercancía y utilizarla como sentencia anticipada. Y se agrava cuando quienes deberían investigar los hechos terminan produciendo el espectáculo.

La prensa tiene derecho a juzgar al poder. Es una de sus funciones democráticas fundamentales. Pero ese derecho no la exime de responder por el poder que ella misma ejerce.

Juicio a la prensa, entonces, para que también ella tenga que dar cuenta de lo que dice, de cómo lo dice y de los efectos de aquello que pone en circulación.

Porque una sociedad que no puede examinar a quienes producen sus relatos públicos termina viviendo dentro de relatos que otros han decidido por ella.

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