La peligrosa idea de acabar con el voto femenino

Especial para El Quinto

Las democracias no siempre retroceden mediante golpes de Estado. A veces lo hacen de manera mucho más silenciosa: cuando una sociedad empieza a cuestionar derechos que creía definitivamente conquistados.

Por eso resulta tan desconcertante el debate que ha comenzado a tomar fuerza en algunos sectores ultraconservadores de Estados Unidos alrededor de una idea que parecía impensable en pleno siglo XXI: eliminar el voto femenino o reemplazarlo por el llamado household voting o «voto por hogar», según el cual sería el jefe de familia —casi siempre el hombre— quien representaría electoralmente a todos los integrantes del hogar.

Lo más sorprendente es que esta propuesta no proviene únicamente de hombres. Algunas mujeres vinculadas a sectores conservadores han comenzado a defenderla bajo el argumento de que fortalecería la familia tradicional y reduciría la fragmentación política. El reciente pronunciamiento de Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, volvió a poner sobre la mesa un debate que hasta hace poco parecía marginal y que hoy circula con creciente visibilidad en redes sociales y espacios políticos afines al movimiento MAGA (Make America Great Again).

¿Qué puede llevar a una mujer a defender la eliminación de un derecho conquistado precisamente por otras mujeres después de décadas de exclusión? La respuesta seguramente no es única. Hay convicciones religiosas profundamente tradicionales; una concepción de la familia donde el hogar se entiende como una sola unidad política; una reacción frente a las transformaciones culturales de las últimas décadas y, por supuesto, una intensa polarización que convierte cualquier diferencia política en una batalla existencial. Pero también resulta legítimo preguntarse si detrás de esa narrativa no existe un cálculo electoral mucho más pragmático.

Diversos estudios sobre comportamiento electoral en Estados Unidos muestran desde hace varios procesos electorales una creciente brecha entre hombres y mujeres en sus preferencias partidistas. Mientras los hombres tienden a inclinarse en mayor proporción hacia el Partido Republicano, las mujeres —especialmente las más jóvenes y con mayor nivel educativo— respaldan cada vez más al Partido Demócrata. En ese contexto, no resulta descabellado pensar que algunos sectores perciban el voto femenino independiente como una amenaza política antes que como una expresión legítima de la democracia. El problema comienza cuando la estrategia para enfrentar esa realidad deja de ser convencer con mejores ideas y pasa a consistir en reducir quiénes pueden participar en las decisiones colectivas.

La historia demuestra que ese camino nunca termina bien. El sufragio femenino no fue una concesión graciosa de los Estados, sino el resultado de luchas sociales que atravesaron generaciones enteras. Mujeres encarceladas, ridiculizadas y excluidas lograron que hoy resulte natural algo que durante siglos fue considerado una extravagancia: reconocer que hombres y mujeres tienen exactamente la misma capacidad para decidir el destino político de sus países.

Colombia conoce bien esa historia. El voto femenino solo fue reconocido nacionalmente en 1954 y las mujeres pudieron ejercerlo por primera vez en el plebiscito de 1957. A quienes quieran profundizar en el relato les recomiendo una película que tristemente no sonó más de lo que debía en cartelera: ‘Estimados Señores’ (2024) de la directora Patricia Castañeda y que se trata de un drama histórico ambientado en la Colombia de 1954 que narra la ardua lucha de un grupo de mujeres lideradas por Esmeralda Arboleda para conseguir el derecho al sufragio.

Sin embargo, existe un episodio mucho menos conocido que debería llenarnos de orgullo. El 11 de noviembre de 1853, la Constitución Provincial de Vélez, en Santander, consagró el derecho al sufragio para las mujeres propietarias y contribuyentes, convirtiéndose en la primera experiencia de este tipo en América Latina. Es cierto que aquel derecho fue efímero y que apenas dos años después fue revocado, pero dejó sembrada una idea extraordinariamente moderna para su tiempo: la ciudadanía no debía depender del género de las personas.

Precisamente por esa historia resulta difícil imaginar que una propuesta semejante encuentre eco en Colombia. Nuestro país todavía tiene enormes desafíos en materia de equidad, representación y participación política de las mujeres, pero retroceder más de un siglo sería incompatible con el camino recorrido por generaciones enteras que ampliaron los derechos ciudadanos y fortalecieron nuestra democracia.

Porque al final, eliminar el voto femenino no sería una derrota exclusiva de las mujeres. Sería una derrota de la democracia misma. Cada persona excluida empobrece la deliberación pública; cada derecho perdido debilita la libertad de todos. Las democracias no se fortalecen reduciendo voces, sino aprendiendo a convivir con ellas, incluso cuando piensan distinto.

Cuando una sociedad empieza a creer que la solución consiste en limitar quién puede votar, quizá el verdadero problema ya no esté en los electores, sino en la confianza que esa sociedad tiene en la democracia.

Estimados Señores: Esta es una lucha por los derechos de ellas pero que no deben darla ellas solas. Nuestro deber es que podamos defender con ahínco los derechos de todas las personas, ahora y siempre.

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